La crisis industrial empezó a revelar su costado más estructural y ya no distingue entre críticos y entusiastas del proyecto libertario. El modelo de Javier Milei, que fue celebrado por buena parte del empresariado con entusiasmo militante, comenzó a devolver facturas. Una de ellas impacta de lleno en la industria avícola y tiene nombre propio: Joaquín de Grazia, dueño de Granja Tres Arroyos, la mayor procesadora de pollos del país.
El empresario fue uno de los que defendió públicamente la reforma laboral impulsada por la Casa Rosada. Sin embargo, hoy su compañía enfrenta un panorama delicado por la apertura comercial y la creciente presencia de pollo importado desde Brasil, que llega a precios imposibles de igualar para los productores locales.
Luego del cierre de Fate, que el Gobierno intenta evitar a través de la Secretaría de Trabajo, la crisis económica suma un nuevo capítulo de renombre.
A fines del año pasado, Granja Tres Arroyos tuvo dificultades para abonar salarios. El conflicto logró descomprimirse en enero con la regularización de pagos, pero el alivio fue apenas transitorio.
A la presión de las importaciones se agregó un golpe adicional: la interrupción de exportaciones de carne aviar a Europa debido a restricciones sanitarias por el rebrote de gripe aviar. En una actividad donde el mercado externo es clave para equilibrar costos, la pérdida de ese canal agravó un cuadro financiero ya comprometido.
El efecto dominó no se limita a Tres Arroyos. El derrotero de Cresta Roja vuelve a encender alarmas. La firma, que arrastra más de una década de turbulencias, fue absorbida por Tres Arroyos y luego quedó bajo control de la familia Peña -propietaria de La Anónima-, históricamente cercana a Mauricio Macri. Los conflictos nunca se resolvieron del todo. En 2024 hubo nuevos despidos en su planta de Esteban Echeverría y hoy circulan versiones de cierre.
Un informe de la consultora String-Agro describe un horizonte inquietante: “La situación es crítica y en el sector prevén un marzo complicado cuando se desafecten a más de 450 trabajadores entre los frigoríficos de Cresta Roja y Granja Tres Arroyos y si las exportaciones no se reabren en abril, pueden quebrar”.
El impacto más visible se siente en Concepción del Uruguay, donde Tres Arroyos opera el frigorífico avícola más grande del país tras haber absorbido años atrás otra planta procesadora. La industria llegó a emplear allí a unos 1.500 trabajadores. Hoy quedan alrededor de 700.
En los últimos meses se contabilizaron 160 despidos y cerca de 300 retiros voluntarios. Según fuentes locales, las indemnizaciones pactadas todavía no fueron abonadas.
La eventual caída de un frigorífico que supo sostener más de mil empleos formales sería un golpe devastador para una ciudad de apenas 80 mil habitantes. Mientras tanto, en las góndolas de supermercados y en las granjas de barrio proliferan pollos de origen brasileño, más baratos que los nacionales. La paradoja es evidente: aumenta la oferta importada al mismo ritmo que se derrumba el empleo industrial.
El deterioro no se circunscribe al sector aviar. Meses atrás cerró en la ciudad una planta de YPF que abastecía por barcaza y proveía combustible a la zona. No era una unidad deficitaria y ocupaba a 47 trabajadores. También hubo despidos en empresas madereras. En paralelo, crecen pequeños comercios y rotiserías como salida precaria frente a la escasez de trabajo registrado.
En el sector reconocen que, con costos internos dolarizados, energía cara y un tipo de cambio que no acompaña, competir contra el pollo brasileño resulta inviable. La amenaza inmediata es la desafectación de al menos 450 operarios en marzo y un escenario aún más severo si en abril no se normalizan las exportaciones.
La experiencia de Granja Tres Arroyos condensa la contradicción del momento: empresarios que aplaudieron la flexibilización laboral hoy enfrentan un mercado abierto que no perdona. La motosierra no distingue entre propios y ajenos.