Mientras desde Casa Rosada insisten en que la Reforma Laboral terminará con la “industria del juicio”, lo cierto es que todo indica lo contrario: la conflictividad crecerá y, con ella, la judicialización. Es por esto que -en el propio texto- los ideólogos ya comenzaron a forjar las herramientas para lidiar con los posibles litigios.

El proyecto que hoy circula en el Congreso no se limita a desarmar derechos. También diseña el escenario judicial donde se resolverán -o se bloquearán- los reclamos que vendrán.

Entre sus más de 200 artículos, hay uno que asoma como pieza clave: el 91, que habilita el traspaso del fuero Laboral Nacional a la órbita porteña. Lejos de ser un detalle técnico, se trata de un complemento necesario para el curso la reforma. Se reducen protecciones y, en paralelo, se prepara un tribunal a medida para convalidar ese retroceso.

Los libertarios saben que el conflicto no desaparecerá. Más bien apuestan a encauzarlo. Mientras el Ejecutivo ensaya una poco convincente fe de erratas sobre el artículo 44 -el que recorta salarios durante licencias por enfermedad- para que funcione como distracción, el corazón del dispositivo está en otro lado: la creación de un nuevo fuero del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, con jueces y fiscales surgidos de concursos exprés y bajo un clima político alineado con el discurso empresarial.

Si la iniciativa se convierte en ley, la litigiosidad será inmediata. En términos generales, porque desde 1994 rige el principio de progresividad de los derechos, que impide retrocesos. En lo particular, porque cada artículo que pasa la motosierra sobre una garantía laboral es, en sí mismo, susceptible de impugnación.

El Gobierno tiene, sin embargo, un antecedente que lo alienta: el fallo de la Corte Suprema que declaró constitucional la Reforma Previsional de 2017, impulsada por Mauricio Macri. Aquella norma redujo haberes jubilatorios; aun así, los jueces la validaron. El mensaje desde la cúspide judicial fue claro.

El acuerdo firmado el 9 de febrero entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, formaliza la transferencia. El documento ingresó al Senado apenas 48 horas antes del debate y no pasó por comisión.

A partir de su implementación, las causas laborales se resolverán en un fuero porteño que todavía no existe. Donde hoy hay 80 juzgados nacionales de primera instancia y 10 salas de Cámara, la propuesta es concentrar todo en 10 jueces y 2 salas. Un embudo judicial que, lejos de aliviar, parece diseñado para saturar.

El propio acuerdo reconoce que puede haber un “gran volumen de causas que se inicien en el Fuero de Trabajo” de la Ciudad y promete adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas y operativas necesarias” para garantizar el servicio. Es decir: admiten que los juicios aumentarán. La diferencia será quién los administra.

La transferencia también compromete al Estado Nacional a no cubrir vacantes ni promover nuevas designaciones en el fuero actual. Traducido: un vaciamiento progresivo hasta su extinción. Jueces designados por el procedimiento constitucional quedarían, en los hechos, desplazados por un pacto político entre la Nación y la Ciudad, hoy gobernada por Jorge Macri.

En paralelo, varias competencias -negociaciones colectivas, conflictos sindicales, inspecciones y multas- pasarían al fuero federal. El mapa judicial laboral quedaría fragmentado. El resultado: disolver un fuero histórico y reconstruirlo bajo nuevas reglas.

El sustento jurídico de la maniobra se apoya en el llamado “fallo Levinas”, mediante el cual la Corte habilitó que el Tribunal Superior de Justicia porteño revise decisiones de la Justicia Nacional. Aquella sentencia, que también impactó en el expediente del Correo vinculado a Macri, desató una inusual rebelión de magistrados que advirtieron que se alteraba el sistema constitucional. Incluso el procurador interino objetó que, al pasar las causas a la órbita local, los fiscales nacionales quedaban fuera de juego.

Si eso ocurrió en materia comercial, cabe preguntarse qué sucederá con los pleitos laborales, donde se discuten salarios, indemnizaciones y el derecho a huelga. El Tribunal Superior porteño -presidido por Inés Weinberg e integrado por figuras con pasado en la gestión macrista y vínculos con operadores judiciales- podría convertirse en la última palabra en conflictos que hasta ahora recorrían otra estructura.

La reforma incluye, además, la eliminación del Estatuto del Periodista. Si el nuevo esquema prospera, esos litigios también dependerán de un fuero reconfigurado bajo la lógica oficial.

En síntesis: la ley no sólo redefine la relación entre empleadores y trabajadores. Reordena el tablero judicial donde se disputarán esas tensiones. Se eliminan derechos y, al mismo tiempo, se rediseña el árbitro. La promesa de terminar con la “industria del juicio” suena, en este contexto, más a consigna que a diagnóstico. Porque todo indica que los expedientes crecerán. La diferencia será quién los firma y bajo qué reglas.