CULTURA INGLESA
La controversia por la contratación directa del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa sumó un nuevo capítulo y escaló al terreno judicial, en medio de cuestionamientos políticos y dudas sobre la transparencia del procedimiento.
La polémica involucra indirectamente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, debido a que la directora ejecutiva de la entidad adjudicataria es su esposa, María Josefina Rouillet.
El presidente Javier Milei respaldó públicamente la operación al replicar en redes sociales los argumentos del canciller Pablo Quirno, quien aseguró que el proceso se desarrolló sin irregularidades. “No hay absolutamente ninguna irregularidad” y “todos los requisitos” fueron “cumplidos”, sostuvo el funcionario para justificar la adjudicación.
Desde el Ejecutivo explicaron que el procedimiento contó con la intervención de la Oficina Anticorrupción y de la Sindicatura General de la Nación, organismos que supervisaron el proceso como mecanismo de control. Además, remarcaron la firma de un “Pacto de Integridad”, un compromiso formal entre las partes para prevenir conflictos de interés o beneficios indebidos.
Sin embargo, la utilización de la adjudicación directa en lugar de una licitación pública no tardó en generar suspicacias en diferentes fuerzas de la oposición. Especialistas y sectores opositores ponen en duda si la aprobación de los organismos de control alcanza para despejar sospechas, especialmente en un contexto donde el Gobierno construyó su narrativa política en torno al combate contra privilegios del Estado.
Las objeciones también se apoyan en el artículo 265 del Código Penal, que sanciona al funcionario público que intervenga en contratos en los que pueda existir beneficio propio o de terceros vinculados. Aunque desde el oficialismo aseguran que el procedimiento respetó la normativa vigente, el caso abrió un frente de cuestionamientos sobre eventuales incompatibilidades éticas.
Un antecedente inmediato sumado por la diputada Juliana Di Tullio en sus diatribas a Sturzenegger y Quirno también suma tensión. En marzo de 2024, Cancillería ya había contratado a la misma institución por más de 55 millones de pesos, aunque en ese expediente no se registró públicamente la firma de un pacto de integridad ni el detalle de las cláusulas contractuales, lo que hoy vuelve a ser señalado por sectores críticos.
Desde la oposición, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio anticipó que impulsará acciones judiciales y lanzó duras críticas al oficialismo al afirmar: “Todos chorros, del primero al último”.
Jajaja y si. ¿Por?
— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) February 16, 2026
Usted va a tener mucho para explicar, ministro.
Es SU ministerio el que está directamente involucrado en esta contratación escandalosa y lo va a tener que hacer en sede judicial.
Quisiera ver la declaración jurada del art 1 del decreto 202/17.
La… https://t.co/alBRsBrqhL
En la misma línea, la dirigente Margarita Stolbizer cuestionó la adjudicación y sostuvo que “la esposa de un ministro no puede ser proveedora del Estado. No importa cuan competitivo haya sido el proceso de selección”.
Stolbizer también criticó la decisión de contratar servicios externos cuando, según planteó, el Estado dispone de recursos propios para brindar capacitaciones. “Ajustan universidades, jubilados y discapacidad. Pero los libertarios llegaron para hacer negocios con los recursos públicos y no se están perdiendo ninguno. Sturzenegger es pura hipocresía con discurso de derecha”, afirmó, y reclamó mayor reacción social frente a lo que consideró una falta de controles institucionales.
El tema también fue amplificado por el diputado Esteban Paulón, quien difundió cuestionamientos en redes sociales y se sumó a los reclamos de investigación parlamentaria.
La disputa política dio un salto formal este lunes, cuando los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron una denuncia penal contra Sturzenegger y otros funcionarios por presuntas irregularidades en la publicación de información vinculada al proceso. La presentación fue realizada en nombre de integrantes del espacio Reset Republicano, quienes se definen como una agrupación comprometida con la agenda anticorrupción.
Según la denuncia, la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior adjudicó a la AACI un contrato por más de 114 millones de pesos para continuar con el programa de capacitación en inglés del personal diplomático en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025-2027.
El expediente incluyó una declaración jurada de intereses que reconoció un “vínculo positivo” entre Rouillet y el ministro, lo que activó mecanismos de control institucional.
No obstante, los denunciantes sostienen que, al revisar el registro público de casos informados a la Oficina Anticorrupción, no hallaron constancia de la publicación correspondiente a la declaración jurada, lo que consideran una omisión relevante en materia de transparencia. Por ese motivo, encuadraron la presentación en posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.
Además, el escrito judicial solicitó investigar la actuación de Rouillet y revisar si el contrato firmado en 2024 exigía una actualización de las declaraciones juradas y si esa documentación fue debidamente difundida, tal como establece la normativa vigente.
Mientras el Gobierno insiste en que la contratación cumplió con todos los controles formales, la polémica continúa escalando en el plano político y judicial.
El caso vuelve a poner en discusión los mecanismos de transparencia en las contrataciones estatales y expone un nuevo foco de tensión para la administración libertaria, que deberá responder en tribunales y en el debate público sobre los límites entre legalidad, ética y conflicto de intereses.
