Un movimiento legislativo que buscaba pasar casi inadvertido terminó generando un frente de tormenta política para el Gobierno nacional. La incorporación del controvertido artículo 44 dentro de la reforma laboral derivó en reproches internos, cuestionamientos aliados y el resurgimiento de una oposición que venía desarticulada.

El oficialismo decidió dar marcha atrás y eliminar directamente el apartado para evitar que el proyecto pierda viabilidad parlamentaria.

La controversia tuvo múltiples episodios que alimentaron el malestar interno. Desde un video donde la propia Bullrich sobreactuó protagonismo tras la aprobación hasta la respuesta con tono irónico del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la secuencia dejó expuesto un error político que obligó a recalcular la estrategia oficial.

El tema será formalmente subsanado en las comisiones de la Cámara de Diputados, que desde este martes comenzarán a tratar el dictamen. El Gobierno optó por eliminar el artículo sin intentar reformularlo ni reemplazarlo por otra alternativa.

“No sale”, transmitieron socios parlamentarios al oficialismo, según relataron fuentes legislativas. La discusión se había trabado particularmente por el intento de establecer pagos reducidos ante determinadas enfermedades laborales.

El traspié generó malestar en la cúpula del poder. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habría cuestionado la jugada política por considerar que reactivó críticas opositoras y abrió un flanco innecesario en medio de un debate que el oficialismo pretendía mostrar como ordenado. Desde la Casa Rosada reconocieron el fastidio.

“Es increíble que estemos discutiendo esto en lugar de una gran reforma”, deslizó un funcionario con acceso al despacho presidencial.

Las negociaciones legislativas atravesaron múltiples modificaciones incluso durante la jornada de votación. Entre ellas, la decisión de postergar hasta 2028 cambios en el esquema de financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, una resolución que sorprendió al propio titular del organismo, Carlos Pirovano, quien admitió haberse enterado al revisar el texto final del proyecto.

Pirovano es uno de los responsables de ejecutar el ajuste en el organismo audiovisual, que redujo su planta de trabajadores de 850 a 250 empleados y disminuyó a la mitad su infraestructura edilicia. La poda incluyó despidos y reestructuraciones que forman parte del plan de reducción del gasto público impulsado por el Ejecutivo.

Dentro del oficialismo reconocen que el proceso legislativo dejó secuelas en la conducción parlamentaria. El titular de la Cámara baja, Martín Menem, debió afrontar contratiempos por el conteo de votos en un escenario que, si bien le asegura mayorías para habilitar el debate, no garantiza márgenes amplios. Legisladores oficialistas admiten que el respaldo existe, pero advierten que la disciplina interna es clave para sostener cada capítulo del proyecto.

El debate legislativo coincidirá con un nuevo paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, que presionada por su base gremial decidió avanzar con una medida de fuerza en rechazo a la reforma. El conflicto sindical suma tensión a un debate que también se trasladó al terreno mediático y a las redes sociales.

Un relevamiento de la consultora Analogías reveló un cambio en la percepción pública del proyecto. Según el estudio, la reforma dejó de ser interpretada mayoritariamente como un proceso de modernización para convertirse en una disputa política de poder. Además, el respaldo explícito al Gobierno cayó al 8,6 por ciento, mientras creció un segmento social caracterizado por la desconfianza hacia el oficialismo y el sindicalismo.

Desde el equipo económico, el ministro Luis Caputo expresó su desconcierto ante la falta de respaldo empresarial a las medidas oficiales. “Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”, sostuvo.

Los datos productivos aportan un marco complejo. Mientras sectores como la refinación petrolera y la industria alimenticia mantienen niveles altos de utilización de su capacidad instalada, otros rubros como el automotriz, el textil y el del caucho muestran fuertes retrocesos. Ese deterioro se tradujo en despidos y contracción de la actividad.

Estudios del Centro de Economía Política Argentina reflejan una reducción significativa en el entramado productivo. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 cerraron más de 21 mil empresas y se perdieron más de 270 mil puestos laborales registrados.

Empresarios pymes advierten que la presión de costos y la caída del consumo condicionan su supervivencia. “Que despedir no sea tan caro. Porque si no cierro”, resumió un empresario metalúrgico al describir sus expectativas frente a la reforma.

El impacto social del ajuste también repercute en las provincias, particularmente en Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof enfrenta negociaciones paritarias tensas con gremios docentes que rechazaron la oferta salarial del Ejecutivo provincial. El conflicto amenaza con afectar el inicio del ciclo lectivo.

Desde el entorno bonaerense aseguran que la presión inflacionaria vuelve a erosionar ingresos. Los sindicatos advierten que el salario docente perdió poder adquisitivo y reclaman mejoras urgentes. A su vez, el gobierno provincial sostiene que enfrenta una deuda millonaria por transferencias nacionales y asegura que mantiene programas sociales para amortiguar el impacto del ajuste.

En paralelo, el oficialismo provincial también lidia con tensiones internas dentro del peronismo. Las disputas entre el Ejecutivo y sectores vinculados a Máximo Kirchner complican el armado legislativo y generan incertidumbre sobre la conducción del bloque en el Senado bonaerense.

El retroceso del artículo 44 expuso las dificultades del Gobierno para sostener cohesión política en reformas estructurales. Mientras el oficialismo busca consolidar su agenda económica, el episodio evidenció que incluso con mayorías legislativas, los errores tácticos pueden reactivar resistencias y alterar el clima político en un contexto social y económico aún inestable.