La Cámara de Diputados de la Nación Argentina dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y ahora deberá ser debatido por el Senado de la Nación Argentina. El proyecto fue aprobado con 149 votos a favor y 100 en contra, con el rechazo del peronismo, la izquierda, Elijo Catamarca y Defendamos Córdoba.

La iniciativa fue impulsada por el oficialismo y reunió el respaldo de La Libertad Avanza, Unión Cívica Radical, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo e Independencia.

Con ese armado parlamentario, el Gobierno logró avanzar con una reforma que modifica una legislación vigente desde la última dictadura y que, por primera vez desde el retorno democrático, instala en el recinto el debate sobre la edad de punibilidad.

El Frente Renovador sostuvo una posición intermedia. Aunque comparte la reducción de la edad a 14 años, terminó votando en contra del proyecto en general. Uno de sus referentes, Ramiro Gutiérrez, aclaró que acompañó la iniciativa durante la votación en particular.

La reforma establece un régimen específico para menores de edad que contempla sanciones graduales. Para delitos graves, como homicidios o abusos sexuales, prevé condenas de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, descarta la aplicación de penas perpetuas y obliga a que cualquier detención se cumpla en establecimientos diferenciados de los utilizados para adultos.

Además, el texto incorpora un esquema de sanciones alternativas para delitos de menor gravedad, con un enfoque orientado a la reinserción social. En los casos con penas inferiores a tres años, la prisión queda descartada. Para delitos con condenas de entre tres y diez años, siempre que no haya muerte o lesiones graves, se priorizan medidas educativas, comunitarias y de reparación del daño.

Uno de los puntos más controvertidos del debate fue el financiamiento del nuevo sistema. El diputado Maximiliano Ferraro propuso establecer un mecanismo de asignación directa de recursos, pero la iniciativa fue rechazada por el oficialismo, que optó por un esquema basado en convenios entre la Nación y las provincias para cubrir los costos de implementación.

Durante el tratamiento en el recinto, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, defendió el proyecto y sostuvo que la reforma busca transformar el sistema vigente. “Este régimen no apunta a amontonar menores privados de la libertad en establecimientos”, afirmó, y agregó que el objetivo es “resocializarlos”. La legisladora también cuestionó el esquema actual al señalar que “permite la adopción de vagas medidas restrictivas”.

Desde la oposición, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz criticó el enfoque del oficialismo y apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”, sostuvo, al cuestionar la consigna “delito de adulto, pena de adulto”.

El respaldo parcial de bloques provinciales también estuvo condicionado por el debate sobre el reparto de recursos. La titular del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, expresó su acompañamiento a la baja de la imputabilidad, aunque advirtió que “no puede ser que todo el costo deban pagarlo los gobernadores”.

Desde el PRO, el jefe del bloque, Cristian Ritondo, planteó que la reforma debe interpretarse como una herramienta parcial dentro de una estrategia más amplia. “Con esta ley no significa que mañana vamos a terminar con la delincuencia. No va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal”, afirmó, y señaló el rol de organizaciones criminales que reclutan menores.

La izquierda mantuvo su rechazo frontal a la iniciativa. La diputada Myriam Bregman advirtió que el nuevo régimen busca “darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios”. En ese sentido, sostuvo que la criminalización suele impactar sobre sectores vulnerables y cuestionó la asignación de recursos estatales para el endurecimiento del sistema penal juvenil.

Tras la aprobación en Diputados, el proyecto será tratado en el Senado, donde fuentes parlamentarias anticipan que podría debatirse en una sesión prevista para el 26 de febrero.

Allí el oficialismo buscará convertir en ley una reforma que reabre una discusión estructural sobre seguridad, política criminal y responsabilidad penal juvenil, en un escenario atravesado por diferencias ideológicas y disputas por el financiamiento del nuevo esquema.