ANÁLISIS
La reforma laboral volvió a ordenar la agenda pública nacional por una razón que excede el articulado técnico: es un choque frontal de relatos sobre qué significa “trabajo” en la Argentina.
Para el oficialismo de La Libertad Avanza y sus aliados, la palabra clave es modernización: reglas claras, menos “industria del juicio”, más empleo formal. Para el peronismo y el movimiento sindical, el encuadre es otro: retroceso, precarización y debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores.
El Senado ya le dio media sanción tras una sesión maratónica en el marco de un clima de movilización social, represión y disputa simbólica en la calle y en redes. En esa batalla, el lenguaje no es decorado: es el mapa. Y cuando el mapa cambia, los derechos suelen quedar a merced del nuevo dibujo.
Patricia Bullrich y el “anti-juicio”: del trabajador al “sistema”
La senadora Bullrich abrió y empujó el sentido del debate con una operación clásica de comunicación política: mover el eje desde el trabajador concreto hacia un enemigo abstracto. La reforma, señaló, sería “trascendente” y necesaria para terminar con la “extrema judicialización” del sistema laboral.
El antagonismo ya no es la patronal que abusa ni el Estado que regula, sino la litigiosidad convertida en explicación total.
Ese frame tiene un efecto inmediato: instala que el problema no es el poder asimétrico en la relación laboral, sino el “costo” de contratar. En esa narrativa, el derecho deja de ser piso de dignidad y pasa a ser fricción.
Ezequiel Atauche y el “cambio cultural”: juventud precarizada como argumento
El oficialismo sumó un segundo encuadre, más emocional y efectivo: el de la juventud afuera del sistema. Atauche habló de “momento histórico” y “cambio cultural respecto al trabajo”, apuntalando la idea de que la Argentina arrastra normas viejas que no incluyen a millones.
Acá aparece un punto que es cierto y, precisamente por eso, poderoso: la precarización existe y hay miles de jóvenes que no conocen el empleo registrado como experiencia real. El Gobierno explota esa grieta generacional como legitimación política: “si nunca tuviste derechos, te convencen de que eran privilegios ajenos”.
Mariano Recalde en la línea histórica del trabajo protegido
Por otro lado, Recalde sintetizó el contra-relato: “me avergüenza que convaliden esta quita de derechos” y remarcó que no ve “un solo artículo” que beneficie a los trabajadores.
La estrategia peronista vuelve a lo identitario: derechos adquiridos como conquista histórica. Aguinaldo, vacaciones pagas, jornada limitada, indemnizaciones, negociación colectiva. No es nostalgia: es memoria política aplicada al presente.
Además, como jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans trabajó un encuadre más “institucional” del conflicto: advirtió que la reforma laboral no es una mera actualización normativa sino un corrimiento del equilibrio entre capital y trabajo, donde la supuesta “modernización” funciona como máscara discursiva para reducir protección y debilitar herramientas históricas de negociación (convenios, tutela sindical, indemnizaciones).
En su planteo, el oficialismo intenta convertir derechos en “costos” y presentar la conflictividad social como problema de orden, cuando en realidad —sostuvo— lo que está en juego es el modelo de país: si se avanza por ley contra el trabajo registrado y se habilita mayor discrecionalidad patronal, el resultado no es más empleo de calidad sino más precarización, especialmente en sectores con menor poder de defensa colectiva.
Qué cambia en el trabajo y por qué el encuadre importa
Acá conviene separar dos planos: lo que el proyecto dice y lo que habilita en la práctica.
Porque el debate público quedó atravesado por la idea de jornadas de hasta 12 horas, ya así lo registraron coberturas internacionales y parte de la discusión social: se teme que la “flexibilización” termine legalizando turnos extensos y licuando horas extra.
En el texto de “modernización laboral” circulante desde el Ejecutivo aparecen figuras como el banco de horas y mecanismos de compensación que cambian la lógica del control del tiempo trabajado, junto con la regla de 12 horas de descanso mínimo entre jornadas. Dato clave: 12 horas allí es descanso, no jornada, pero dialoga con esquemas que pueden intensificar turnos.
Vacaciones y descanso: el derecho como “variable negociable”
Hoy el derecho laboral argentino establece un piso protectorio: no se pueden pactar condiciones menos favorables que las legales. Ese principio funciona como columna vertebral del sistema.
Cuando una reforma instala “flexibilidad” sin igualar poder entre partes, lo que en el papel se llama “acuerdo” suele ser, en la realidad, aceptación bajo necesidad.
En ese sentido, el Gobierno vende la reforma como vía para reducir la informalidad y crear empleo registrado. Ese objetivo, en abstracto, es atendible. Pero la discusión de fondo es otra: ¿la formalización se logra ampliando derechos o abaratando el costo de despedir y debilitando sindicatos? El propio debate público recoge que la reforma incluye cambios en indemnizaciones, fondos alternativos y nuevas reglas de desvinculación.
Y acá está el corazón comunicacional: el oficialismo busca que “derechos” suene a “rigidez”; la oposición busca que “modernización” suene a “ajuste”.
El estatuto del periodista: cuando la reforma laboral roza la libertad de expresión
Si el proyecto toca el Estatuto del Periodista Profesional, el conflicto deja de ser solo laboral: se vuelve debate democrático. El estatuto (Ley 12.908 / Ley 12.908-12.908 según compilaciones normativas) define un marco específico de protección para una actividad que, por su rol público, requiere garantías frente a presiones económicas y despidos arbitrarios. Por ejemplo, regula el descanso anual y condiciones particulares del trabajo periodístico.
En los últimos días, la alarma escaló porque el texto oficial incluiría la derogación del estatuto: el DiarioAR informó que un artículo del proyecto plantea directamente esa eliminación y que más de 3.000 periodistas firmaron una solicitada en rechazo.
La Federación Internacional de Periodistas también expresó preocupación por el intento de derogación, advirtiendo un “grave retroceso” en derechos y un proceso de precarización.
Traducido: no es un privilegio corporativo. En un país donde la pauta, la concentración y la precarización ya condicionan redacciones, tocar el estatuto es tocar el margen real de independencia.
La trampa del “afuera del sistema” y el desafío de un contra-relato
La reforma avanza sobre una verdad social: hay precarización y frustración con un mercado laboral que no integra. Cada vez más trabajadores desocupados se compran una moto o se suben a su bicicleta y se calzan la mochila del envío-turbo. Ese diagnóstico es el combustible del oficialismo. Pero el punto crítico —y acá la crítica es inevitable— es el método elegido: en lugar de sumar derechos a quienes están afuera, se corre el riesgo de bajar el piso para que entren a un sistema más débil.
El peronismo tiene una oportunidad y una obligación política: no alcanza con defender la épica histórica (aguinaldo, vacaciones, 8 horas). Hay que explicar, con lenguaje de 2026, que esos derechos no son piezas de museo: son tecnología social que protege tiempo de vida, salud, previsibilidad y dignidad. Y, al mismo tiempo, debe darse la tarea de construir una propuesta creíble para los jóvenes precarizados que hoy son el público objetivo del relato libertario.
Porque si la comunicación es disputa por el sentido, esta reforma no se define solo por votos: se define por qué Argentina logra imponer su definición de “trabajo”. Y ahí, sin relato ni propuesta política que abrace a los que están afuera sin sacrificar a los que están adentro, la “modernización” puede terminar siendo apenas un nombre elegante para una vieja historia: que el costo del ajuste lo paguen, otra vez, los trabajadores desocupados o asalariados. Da lo mismo. El vendaval tarde o temprano se lleva a todos puestos.
*Autor del ebook “Unir la cadena. IA & comunicación política. Guía práctica para asesores”, LAMATRIZ, 2024.
