El Senado terminó aprobando en la madrugada el traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una de las disposiciones más controvertidas incluidas en la reforma laboral

El artículo 91 se impuso con 44 votos a favor y 28 en contra, pese a una ofensiva de último momento encabezada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que intentó bloquear la iniciativa y dejó al descubierto tensiones dentro del propio oficialismo.

La maniobra resultó llamativa porque Bullrich coincidió en su rechazo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien objetaba la validez jurídica de introducir el traslado de un fuero completo dentro de una reforma laboral. El planteo también apuntó a la génesis de la medida, impulsada por el equipo del Gobierno, donde señalan al asesor Federico Sturzenegger como uno de los promotores de incorporar cambios estructurales ajenos al eje principal del proyecto.

Sin embargo, detrás de la discusión técnica se movieron intereses políticos más profundos. En el entorno de Bullrich sospechan que el traspaso responde a un acuerdo entre Karina Milei y el operador judicial Daniel Angelici, figura con fuerte incidencia en los tribunales porteños. Esa lectura explica el intento de la ex ministra de Seguridad por desactivar la cláusula en plena negociación parlamentaria.

Dentro del oficialismo, uno de los principales impulsores de la medida fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, alineado políticamente con la hermana del Presidente y señalado como posible candidato libertario para disputar la jefatura de Gobierno porteña en 2027. “El que llama y presiona con el traspaso es Adorni”, deslizó una fuente parlamentaria al describir el rol del funcionario en la negociación.

La jugada también se inscribe en la disputa interna que atraviesa La Libertad Avanza. En la Casa Rosada nunca terminó de consolidarse la confianza política hacia Bullrich y, según versiones que circulan en el oficialismo, su rol legislativo aparece condicionado por ese desgaste. Cerca del círculo de Karina incluso sugieren que la aprobación de la reforma laboral podría marcar uno de los últimos momentos de protagonismo político de la exministra durante el año.

El vínculo entre la secretaria general de la Presidencia y Angelici refuerza ese esquema de alianzas. La convergencia entre ambos actores aparece como un movimiento estratégico para ordenar la disputa electoral en la Ciudad, ya sea mediante un acuerdo o una competencia controlada. En ese entramado, el histórico dirigente del PRO mantiene una relación tensa con Bullrich, lo que suma otra capa al conflicto.

En el Senado, el intento de frenar el artículo 91 se articuló a partir de argumentos jurídicos promovidos por Villarruel. La vicepresidenta sostuvo que el traslado de un fuero requiere una ley específica y no puede resolverse mediante una cláusula dentro de una reforma laboral. La posición fue transmitida a Bullrich durante una reunión de urgencia que ambas mantuvieron antes de la sesión.

El razonamiento estuvo respaldado por el secretario parlamentario Agustín Giustinian y por el ex senador Federico Pinedo. Giustinian advirtió que incorporar la transferencia del fuero dentro de otra norma podría abrir la puerta a impugnaciones judiciales que pongan en riesgo no sólo ese punto, sino toda la reforma laboral.

El antecedente no era menor: asociaciones de magistrados ya habían manifestado su rechazo a la posibilidad de pasar del ámbito nacional al porteño.

La reacción de Casa Rosada fue endurecer la estrategia política. Para blindar la medida, el oficialismo introdujo una modificación que establece que el traspaso deberá instrumentarse a través de un convenio posterior, que deberá ser aprobado tanto por el Senado como por la Legislatura porteña. Ese acuerdo, de hecho, fue firmado y publicado en el Boletín Oficial el mismo día de la votación.

La votación dejó en evidencia otro elemento clave: el rol de los aliados legislativos. Para sostener el artículo, el oficialismo necesitaba el respaldo de bloques que habían acompañado el quórum y la negociación general de la reforma laboral, pero que no mostraban mayor interés en la discusión sobre la estructura judicial. “A nosotros ni nos importa”, sintetizó un senador del interior al ser consultado sobre la controversia.

Con la aprobación del traspaso, el Gobierno logró sostener uno de los puntos más sensibles de la reforma, aunque el costo político fue exponer fisuras dentro de su propio espacio. La pulseada dejó al descubierto no sólo diferencias estratégicas entre referentes libertarios, sino también la creciente influencia de la disputa electoral porteña en la agenda legislativa nacional.