El oficialismo dio un paso clave en la reforma del Régimen Penal Juvenil al obtener este miércoles el dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. El proyecto, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, consiguió 81 firmas en un plenario conjunto de comisiones y dejó allanado el camino para su tratamiento en el recinto, con un respaldo que incluyó al PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales.

La iniciativa fija en 14 años el límite mínimo para juzgar penalmente a menores en casos de delitos graves, entre ellos homicidios, robos con violencia, abusos sexuales y secuestros.

En esos supuestos, la pena máxima prevista será de hasta 15 años de prisión. Al mismo tiempo, el texto incorpora un esquema de sanciones alternativas para hechos con escalas penales menores, que incluyen restricciones de acercamiento a víctimas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y mecanismos de reparación del daño.

Desde el oficialismo defendieron la reforma como una actualización estructural del sistema. “Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable. No se trata de una respuesta improvisada ni de una consigna coyuntural, sino de una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos, parches y contradicciones”, afirmó la diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta del plenario de comisiones .

El texto aprobado surgió de una negociación política que obligó al Gobierno a moderar su postura inicial. La Casa Rosada había impulsado un proyecto que bajaba la imputabilidad a 13 años, pero debió retirarlo pocas horas después ante la resistencia del PRO y la UCR, que se mantuvieron firmes en establecer el piso en 14. Para evitar un quiebre en la coalición legislativa, el oficialismo optó por sostener el consenso alcanzado el año pasado.

Uno de los cambios centrales del nuevo despacho está vinculado al financiamiento. El proyecto incluye una asignación presupuestaria específica superior a los $23.700 millones para su implementación, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. La inclusión de montos detallados busca disipar los cuestionamientos de los gobernadores, quienes habían advertido que no acompañarían la reforma si implicaba trasladar los costos a las provincias.

El respaldo legislativo anticipa un escenario favorable para la aprobación en general. Además de los bloques aliados tradicionales, el oficialismo cuenta con el apoyo de espacios provinciales como Independencia, Producción y Trabajo e Innovación Federal. Sin embargo, algunas bancadas adelantaron que impulsarán modificaciones durante la discusión en particular, especialmente en lo referido a la distribución de recursos y a las condiciones de detención de menores.

Entre los argumentos a favor de la reforma, legisladores oficialistas señalaron la necesidad de armonizar la normativa local con estándares regionales. “Lo que estamos haciendo es adecuar nuestra legislación a los mandatos constitucionales. En Chile y Colombia el límite es 14 años, en Brasil 12 y en Uruguay 13. Según la estadísticas de estos países podemos comprobar que bajó muchísimo la reincidencia. En Chile bajó un 28% la reincidencia”, sostuvo la diputada Silvana Giudici.

La oposición peronista, en cambio, expuso posiciones divididas. Un sector presentó un dictamen alternativo que mantiene la imputabilidad en 16 años y prioriza políticas de prevención, inclusión social y justicia restaurativa. “Nuestro dictamen propone un régimen especializado, no punibilidad, justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales”, explicó Victoria Tolosa Paz.

El Frente Renovador, por su parte, acompañó la reducción de la edad a 14 años, aunque planteó reparos sobre la implementación práctica del sistema. Desde ese espacio señalaron la ausencia de un plan integral de infraestructura para alojar a menores en conflicto con la ley, que contemple centros cerrados, abiertos y dispositivos terapéuticos. Pese a esas críticas, adelantaron que respaldarán la modificación para sostener “la posición histórica” del espacio.

El nuevo régimen propone que la privación de la libertad sea aplicada como último recurso y promueve un esquema centrado en medidas socioeducativas. Entre ellas figuran programas de capacitación laboral, asistencia psicológica y médica, actividades culturales y deportivas, además de controles específicos para evitar el consumo de alcohol y drogas. El seguimiento de estas medidas quedará bajo supervisión de profesionales especializados designados por la Justicia.

La reforma también establece la creación de instituciones específicas para menores condenados, con personal capacitado en infancia y adolescencia y con la prohibición expresa de cualquier convivencia con detenidos adultos. Asimismo, contempla la posibilidad de suspender procesos judiciales o recurrir a instancias de mediación penal juvenil en infracciones leves, siempre con participación obligatoria de la víctima.

El proyecto incorpora además protocolos para abordar problemáticas de salud mental, adicciones y entornos familiares violentos. En casos que requieran internación, se prevé la intervención de la Justicia civil para garantizar el control y seguimiento del tratamiento.

Con el dictamen asegurado y el respaldo de un amplio arco político, el oficialismo confía en sancionar la reforma en las próximas semanas. El debate en el recinto, sin embargo, promete reactivar una discusión de fondo sobre el equilibrio entre castigo, prevención y reinserción social en el tratamiento penal de menores.