Javier Milei consiguió este miércoles una victoria política clave en el Senado: la reforma laboral obtuvo media sanción con 42 votos a favor y 30 en contra. El resultado le permitió al oficialismo mostrar capacidad de articulación parlamentaria en plena etapa de sesiones extraordinarias y avanzar con uno de los capítulos centrales de su programa. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados.

La mayoría se construyó con el respaldo del PRO, la UCR y un grupo de legisladores que responden a gobernadores provinciales. Entre ellos estuvieron Edith Terenzi (Chubut), Carlos Arce y Sonia Decut (Misiones), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), Alejandra Vigo (Córdoba), Beatriz Ávila (Tucumán), Julieta Carroza (Neuquén) y Flavia Royón (Salta). La encargada de consolidar ese entramado fue Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

No todos los respaldos previos se mantuvieron. Los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, que en otras votaciones habían acompañado al oficialismo, esta vez se desmarcaron. Del otro lado, el interbloque Popular, que reúne a los senadores peronistas y preside José Mayans, votó en bloque y sin fisuras en contra de la iniciativa.

El oficialismo defendió la reforma como una actualización necesaria de un régimen que considera obsoleto. Bullrich apuntó directamente contra el peronismo, al que responsabilizó por los niveles de informalidad laboral y por haber sostenido —según su visión— un esquema que desalienta la creación de empleo privado. Cuestionó la “litigiosidad” del sistema, insistió en que el país perdió competitividad y sostuvo que es imprescindible reducir el peso del empleo público.

Entre los cambios que destacó mencionó la prevalencia del convenio colectivo menor por sobre el mayor, a la que definió como un giro estructural, y las limitaciones a las asambleas sindicales para evitar que funcionen como “paros encubiertos”. En el cierre, cargó políticamente contra la oposición y la acusó de obstaculizar cualquier intento de mejora económica.

Desde la vereda opuesta, Mayans centró sus críticas en el impacto social de la reforma. Recordó el rechazo expresado por la CGT y otras organizaciones sindicales y sostuvo que el proyecto vulnera el artículo 14 bis de la Constitución y acuerdos internacionales en materia laboral. También cuestionó que se modifiquen más de 40 leyes en un solo debate parlamentario y vinculó la iniciativa con experiencias de flexibilización que, según afirmó, ya fracasaron en el pasado. “El problema no son los trabajadores sino el plan económico”, resumió.

Más allá del cruce discursivo, el resultado dejó expuesto el contraste central: mientras el Gobierno celebró un avance decisivo en su hoja de ruta, la oposición y el movimiento sindical denunciaron que la reforma implica un retroceso en derechos y mayor precarización.

La discusión, sin embargo, no está cerrada. Al momento de la votación en particular surgieron diferencias incluso entre quienes acompañaron en general. Uno de los puntos sensibles es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que utilizaría recursos de la ANSES.

Durante la jornada, el oficialismo aceptó modificaciones. La más relevante fue la referida al aporte solidario a los sindicatos: se mantuvo el tope del 2%, pero se eliminó el plazo que lo volvía voluntario en el futuro. Según trascendió, la decisión respondió al impacto inmediato que la supresión de esos fondos podría generar en estructuras gremiales, especialmente en el área turística.

Además, se incorporó como anexo el convenio para transferir la Justicia Laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, otro punto que promete abrir nuevas discusiones cuando el texto llegue a Diputados.