El Senado se prepara para debatir este miércoles el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, en una sesión que comenzará a las 11 y que el oficialismo encara con optimismo tras cerrar un paquete de modificaciones para asegurar los votos.

La negociación incluyó concesiones a gobernadores aliados, cámaras empresariales y la CGT, que había planteado fuertes reparos a varios artículos del texto original.

La encargada de confirmar el entendimiento fue la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien anunció un “acuerdo” político que habilitó el tratamiento parlamentario. La senadora definió la iniciativa como la “primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”, y subrayó que el proyecto llega al recinto tras una serie de ajustes que permitieron ampliar el respaldo legislativo.

Uno de los cambios más relevantes fue la eliminación del artículo que preveía reducir el Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas. La medida, que generaba preocupación en las provincias por su impacto en la coparticipación, implicaba una merma superior a los 2 billones de pesos en la recaudación. El oficialismo decidió retirar ese punto luego de los reclamos de mandatarios provinciales y de bloques aliados, que exigían una revisión integral del esquema tributario.

El Gobierno también cedió en uno de los ejes que más resistencia generaba en el movimiento sindical. El proyecto mantendrá durante dos años el aporte solidario a los gremios, conocido como la “caja sindical”, con un tope del 2%.

Además, se resolvió no modificar las cargas destinadas a las obras sociales, que continuarán en el 6%, y se conservará el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un límite del 0,5%.

Otro de los cambios acordados fue la exclusión de las billeteras virtuales como intermediarias en el pago de salarios. El proyecto original habilitaba esa alternativa, pero el sistema financiero presionó para mantener la exclusividad bancaria.

“Los salarios se van a cobrar solo en entidades bancarias o de ahorro oficial”, explicó Bullrich, quien argumentó que permitir que actores no regulados cumplan ese rol podría generar riesgos operativos. “Si aquellos que no son bancos son, digamos, pagadores de salario y no tienen las mismas exigencias que un banco, pueden generar enormes problemas”, sostuvo, y añadió que el Banco Central podría otorgar en el futuro licencias bancarias a plataformas digitales.

El paquete de modificaciones también incluyó ajustes en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), diseñado para cubrir costos de desvinculación laboral. El esquema se dividirá en dos categorías: las grandes empresas aportarán el 1% de sus contribuciones a la ANSES, mientras que las pymes deberán destinar el 2,5%.

Según detalló la legisladora, el sistema podría modificarse mediante control parlamentario: “hemos dividido el FAL en dos categorías, un 1 por ciento para las grandes empresas y un 2 y medio para las pymes, minipymes y medias, que podrá llegar a uno y medio para las grandes, y a 3 con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados”.

En materia impositiva, el proyecto mantendrá el capítulo fiscal con la excepción de la rebaja de Ganancias. En ese marco, se prevé eliminar impuestos internos y crear el Régimen de Inversiones para medianas empresas (RIMI), que contempla beneficios como amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias y del IVA para nuevas inversiones productivas.

Bullrich defendió el proceso de negociación política que permitió alcanzar el acuerdo y reconoció que los cambios fueron determinantes para reunir el respaldo parlamentario. “El tango se baila de a dos”, afirmó, al sostener que la aprobación de la norma implicó consensos entre oficialismo y aliados.

En ese sentido, agregó: “no hay una negativa a tratarlo, sino una mirada más integral de un pacto federal que trabaje sobre todos los problemas de competitividad que tiene la Argentina. Entonces, nos quedamos comprometidos a eso. Yo creo que no hay ganadores y perdedores, sino que hay un acuerdo”.

La senadora brindó los detalles del entendimiento junto al titular de la UCR, Eduardo Vischi, y el referente del PRO Martín Goerling Lara, y destacó que el texto final es producto de una negociación extendida. “Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, remarcó, y subrayó que el consenso fue construido con la participación de “los 44 senadores”.

En términos numéricos, el oficialismo llega al debate con un escenario favorable. LLA cuenta con 20 senadores propios y sumó el respaldo de los 10 radicales, tres del PRO, representantes de fuerzas provinciales y bloques menores, lo que eleva el respaldo potencial a 41 votos. Aun así, persisten dudas sobre la posición que adoptarán los legisladores de Santa Cruz y la senadora cordobesa Alejandra Vigo, que podrían incidir en la votación final.

Otro punto que generará polémica es la derogación del Estatuto del Periodista, que quedará sin efecto luego de un período de transición de seis meses destinado a negociar nuevos convenios colectivos.

“Se caen los estatutos a los seis meses para que armen un convenio adecuado en cada uno de los sectores. Los estatutos son leyes previas a la ley de Contrato de Trabajo. No tiene ningún sentido que haya leyes distintas a la ley de contrato de trabajo que rijan la vida laboral de los argentinos”, argumentó Bullrich.

Con el respaldo parlamentario prácticamente asegurado, el oficialismo buscará convertir la sesión del miércoles en el primer paso para aprobar una de las reformas estructurales que considera centrales para su programa económico.

La votación en la Cámara alta no solo marcará el pulso del debate laboral, sino que anticipará la disputa política que se trasladará a Diputados, donde la discusión promete reabrir tensiones entre el Gobierno, los sindicatos y los sectores productivos.