La tensión social escala ante el inminente debate parlamentario de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), y en este contexto, este lunes, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) formalizó su plan de lucha tras una reunión de su Comisión Directiva, resolviendo paralizar los servicios de transporte de pasajeros y carga para facilitar la movilización hacia la Plaza del Congreso.

Desde la conducción de la confederación, los argumentos contra la iniciativa oficial fueron tajantes. Advirtieron que el proyecto busca debilitar la estabilidad laboral en beneficio de sectores concentrados y desmitificaron el discurso de modernización del Gobierno.

La entidad sostiene que la reforma erosiona el sistema de protección social y flexibiliza las jornadas de forma regresiva. "Se agita la idea de que modernizar las relaciones laborales terminará con el desempleo, pero hoy hay gente que trabaja cada vez más para ganar cada vez menos", señalaron en un comunicado.

De esta manera, Juan Pablo Brey, secretario gremial, fue enfático y sentenció: "El miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más; hay que afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido".

Alcance de la medida: quiénes paran y quiénes no

El cese de actividades tendrá lugar el miércoles, a partir de las 13 horas, en coincidencia con el tratamiento del proyecto en el Senado y se acopla a la convocatoria general de la CGT, aunque la operatividad del transporte estará dividida debido a las internas sindicales.

Por un lado, el servicio de colectivos funcionará, en principio, con normalidad, dado que la UTA no forma parte de la CATT y no ha confirmado su adhesión al paro.

Servicios afectados

Se prevén interrupciones totales o parciales en:

-Trenes
- Subtes
 -Vuelos: operaciones aeroportuarias, además del transporte de mercaderías.

Con esta maniobra, los gremios del transporte apuestan a vaciar los servicios en la franja horaria clave del debate legislativo, buscando demostrar el poder de fuego de las organizaciones sindicales frente a los cambios que el Ejecutivo pretende implementar en el código laboral en este 2026.