El juez federal Sebastián Casanello dejará esta semana el Juzgado Federal 11 de Comodoro Py, despacho que concentra expedientes de alto impacto político, entre ellos la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La salida se concretará el jueves, cuando finalice su subrogancia en un tribunal que permanece vacante desde el fallecimiento de su titular, Claudio Bonadío.

Fuentes judiciales confirmaron que la decisión no responde a un desplazamiento institucional sino a la determinación del propio magistrado de no extender su permanencia, pese a que tenía la posibilidad de continuar un año más. Según trascendió, la resolución fue adoptada por motivos personales y ya fue comunicada a la Cámara Federal.

Casanello había asumido la subrogancia en febrero de 2025, luego de resultar sorteado para ocupar el juzgado. Meses más tarde quedó radicada allí la denuncia impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, que dio origen al expediente sobre supuestos retornos millonarios en el circuito de provisión de medicamentos e insumos para personas con discapacidad.

Desde entonces, el magistrado quedó al frente de uno de los casos más sensibles para la administración libertaria.

La definición sobre quién tomará su lugar comenzará a resolverse este miércoles 11 de febrero a las 11 de la mañana, cuando se realice el sorteo ordenado por el juez Leopoldo Bruglia. El bolillero, según indicaron fuentes del ámbito judicial, contaría por ahora con cuatro magistrados habilitados para asumir la subrogancia, aunque aún pueden declinar participar.

El mecanismo de selección responde a un acuerdo interno de la Cámara Federal que busca evitar la superposición de funciones, por lo que quedaron excluidos jueces que ya se encuentran cubriendo otros tribunales vacantes. El procedimiento replica el esquema aplicado el año pasado, cuando se definió la llegada de Casanello tras el vencimiento de la subrogancia ejercida por Julián Ercolini.

La salida del magistrado se produce apenas días después de firmar una resolución de alto calibre judicial. El lunes dictó un fallo de más de 300 páginas en el que dispuso el procesamiento del ex titular de la Andis, Spagnuolo, a quien investigará como posible integrante de una asociación ilícita conformada al interior del organismo que encabezaba, junto con otros imputados que habían sido indagados antes de la feria judicial.

Entre los procesados figuran el ex segundo del organismo, Daniel María Garbellini, y los empresarios Miguel Calvete y Pablo Atchabahián, señalados como piezas relevantes en la presunta manipulación de compulsas de precios vinculadas a medicamentos e insumos. Aunque el juez no ordenó detenciones, estableció embargos que alcanzan los 200 mil millones de pesos.

En su resolución, Casanello sostuvo que el supuesto esquema de corrupción detectado en la Andis “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”. Según el magistrado, “existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”.

El fallo también plantea que la secuencia de hechos investigados “sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, lo que deja abierta la posibilidad de ampliar la pesquisa con nuevos llamados a indagatoria tanto de personas físicas como jurídicas.

La decisión del juez de apartarse del tribunal genera expectativa en sectores del oficialismo, donde observan con atención la evolución del expediente. La causa impacta de lleno en la Casa Rosada debido a que uno de los principales imputados y procesados fue abogado del presidente Javier Milei, lo que elevó el perfil público del escándalo.

Sin embargo, en términos procesales, la salida de Casanello no implicaría cambios inmediatos en el rumbo de la investigación. El fiscal Franco Picardi continuará interviniendo en un expediente que actualmente tiene delegado, salvo que el futuro titular del juzgado decida reasumir la conducción directa del caso.

El recambio también abre una ventana estratégica para las defensas. Los abogados de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, cuestionaron la actuación del magistrado al sostener que la investigación se apoyó en audios atribuidos a su cliente que, según argumentan, habrían sido manipulados.

Ese planteo llegó a la Cámara Federal, que instó al juez a profundizar sobre el origen y la autenticidad del material, además de precisar qué otras pruebas respaldaron la acusación.

En ese contexto, D’Alessandro anticipó que apelarán el procesamiento al considerar que el magistrado “incumplió con las dos instrucciones precisas que le dio la Cámara”. La definición quedará ahora en manos del tribunal que revise la resolución y del nuevo juez o jueza que resulte sorteado para ocupar el estratégico Juzgado Federal 11.