La gestión del presidente Javier Milei comenzó a recibir cuestionamientos cada vez más severos desde sectores que, en los papeles, deberían constituir su base natural de apoyo. En un análisis de extrema dureza, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto acusó al Gobierno de llevar adelante una “estrategia para eliminar el entramado productivo” amparada en una ideología económica que definió como anacrónica y profundamente dañina.

Según el legislador de Encuentro Federal, los ataques verbales del Presidente contra grandes empresarios no son simples exabruptos discursivos, sino la manifestación de un plan que desprecia la industria nacional y busca relegar a la Argentina al rol de productor primario. Para Pichetto, esta concepción responde a una “mirada estúpida” del libre mercado que desconoce por completo el proteccionismo que aplican hoy las principales potencias económicas del mundo.

En ese sentido, cuestionó con dureza la contradicción entre el alineamiento retórico del Gobierno con figuras como Donald Trump y la falta de políticas concretas para defender la producción local. “El mundo hoy protege a sus empresas y cuida sus empleos”, afirmó, al tiempo que denunció que sectores estratégicos como el acero y el aluminio enfrentan aranceles en el exterior mientras el mercado interno se abre sin resguardos a las importaciones. Pichetto apuntó directamente contra asesores como Federico Sturzenegger, a quienes responsabilizó por una visión económica que, sostuvo, “atrasa 200 años”.

Las críticas no se limitaron al plano estrictamente económico. El exsenador también cuestionó decisiones institucionales del Gobierno, como la salida de Marco Lavagna del INDEC, a la que calificó como un “golpe a la confianza internacional”. Además, repudió la creación de oficinas destinadas a hostigar al periodismo, prácticas que consideró propias de modelos autoritarios. En un mensaje que atravesó tanto al oficialismo como a la oposición, instó al peronismo a renovar sus banderas y recuperar la idea del “capitalismo productivo” como eje de una alternativa real de poder.

Una industria en tensión

En sintonía con este diagnóstico, aunque desde un registro más técnico, se expresó Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). El dirigente coincidió en señalar que, más allá del ordenamiento macroeconómico y la desaceleración inflacionaria, persisten graves problemas estructurales que condicionan la competitividad del sector.

Rappallini advirtió que la presión fiscal continúa en “niveles insostenibles”, con una acumulación de distorsiones que asfixian a las empresas. Incluso señaló que, en algunos casos, las cargas tributarias se han incrementado a nivel municipal. El titular de la UIA describió un panorama industrial heterogéneo, atravesado por una apertura comercial que obliga a vender a precios internacionales con márgenes cada vez más reducidos, profundizando la crisis en rubros como el textil, la construcción y la metalmecánica.

Si bien reconoció que la integración al mundo es un camino inevitable, subrayó que el Estado debe corregir de manera urgente las fallas que colocan a la industria local en una desventaja estructural. “Hoy no compiten solo las empresas: también compiten los sistemas que las rodean”, afirmó.

Respecto a los enfrentamientos públicos del Gobierno con sectores empresarios, Rappallini tomó distancia y defendió la necesidad de dotar de prestigio social al empresariado como motor del desarrollo económico. Rechazó las críticas simplistas sobre los costos locales y los atribuyó a la acumulación impositiva a lo largo de toda la cadena de valor. Aunque vislumbró oportunidades en el vínculo con Estados Unidos, especialmente en el marco de una reconfiguración de proveedores globales, advirtió que ese escenario solo será viable si se equiparan las condiciones internas.

Las miradas de Pichetto y de la conducción de la UIA convergen en un punto central: una crítica frontal al rumbo y a la implementación de las políticas oficiales. Lejos de celebrar la ortodoxia liberal, alertan sobre los riesgos de una desindustrialización acelerada, el deterioro institucional y una presión fiscal que bloquea cualquier posibilidad de competitividad real. El malestar ya no proviene únicamente de la oposición tradicional, sino también de espacios que el Gobierno suponía propios.