COMERCIO E INVERSIÓN
El texto oficial del acuerdo comercial firmado entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump confirmó un esquema con beneficios acotados para Argentina y una apertura más amplia en favor de Estados Unidos.
El entendimiento contempla reducciones arancelarias para exportaciones argentinas -principalmente alimentos-, pero habilita un mayor ingreso de bienes, inversiones y regulaciones estadounidenses en sectores estratégicos de la economía local.
El documento establece que el acuerdo “entrará en vigor 60 días después de la fecha en que las partes hayan intercambiado notificaciones escritas que certifiquen la finalización de sus procedimientos legales aplicables o en cualquier otra fecha que las partes puedan acordar”. En términos prácticos, el tratado deberá atravesar la aprobación del Congreso argentino y el proceso administrativo correspondiente en Estados Unidos antes de comenzar a aplicarse.
Entre los puntos favorables para Argentina aparece la reducción o eliminación de aranceles para 1.675 productos. En algunos casos se fijan tasas cero para bienes primarios, entre ellos frutas, infusiones, especias, ceras y productos panificados.
En otros rubros, el acuerdo dispone la restitución de condiciones previas al denominado “Día de la Liberación” del 2 de abril de 2025, cuando la administración Trump aplicó aranceles recíprocos globales que incluyeron gravámenes del 10% para exportaciones argentinas.
Dentro de ese universo se encuentran alimentos de origen animal, como carnes, pescados, lácteos y huevos, además de determinados productos vegetales. El sector cárnico aparece como el principal beneficiado, ya que el cupo de exportación hacia el mercado estadounidense pasará de 20.000 a 100.000 toneladas, lo que, según Cancillería, podría representar ingresos adicionales cercanos a los 800 millones de dólares.
Sin embargo, el texto también aclara que para el resto de las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos el arancel no superará el 10% fijado por Washington el año pasado. En ese marco, gran parte de las concesiones implica recuperar condiciones previas al endurecimiento comercial estadounidense, más que la obtención de ventajas estructurales inéditas.
Hoy la Argentina dio una señal clara al mundo: somos un socio confiable, abierto al comercio y comprometido con reglas claras, previsibilidad y cooperación estratégica.
— Pablo Quirno (@pabloquirno) February 5, 2026
El Acuerdo que firmamos con Estados Unidos:
✅ Mejora las condiciones para producir y exportar
✅Amplía el… https://t.co/4d5E2xQ5FK pic.twitter.com/0e5j6GWtdT
El acuerdo también establece compromisos que impactan de lleno en el mercado interno. Argentina se comprometió a habilitar la importación de distintos productos agrícolas estadounidenses, lo que podría generar presión competitiva sobre productores locales y economías regionales.
El listado incluye 80.000 toneladas de carne bovina norteamericana durante 2026, además de cuotas para queso, almendras, pistachos, fructosa, chicles, azúcar, chocolates, papas y vino.
En paralelo, el país asumió obligaciones para facilitar el ingreso de bienes industriales estadounidenses. El texto establece que Argentina no podrá prohibir la importación de bienes de capital usados, como maquinaria agrícola, equipos de construcción, dispositivos médicos o tecnología para minería. También se comprometió a aceptar certificaciones de seguridad estadounidenses para vehículos y autopartes, eliminando exigencias de homologación local.
Una disposición similar se fijó para el sector farmacéutico. El acuerdo reconoce como válidos los estándares de la FDA -organismo regulador de medicamentos en Estados Unidos- para permitir el ingreso de productos al mercado argentino, lo que implica un cambio relevante en los criterios regulatorios vigentes.
Uno de los capítulos más sensibles del tratado está vinculado a los recursos naturales. El texto establece que “Argentina permitirá y facilitará la inversión estadounidense en su territorio para explorar, extraer, refinar, procesar, transportar, distribuir y exportar minerales y recursos energéticos críticos”.
Además, determina que “Argentina priorizará a Estados Unidos como socio comercial y de inversión para el cobre, el litio y otros minerales críticos”, junto con la agilización de proyectos estadounidenses dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El documento también prevé que el país “fomentará la inversión del Gobierno Federal en infraestructura minera para facilitar el acceso de las empresas estadounidenses al sector minero”. En este capítulo no aparecen cláusulas de reciprocidad que otorguen beneficios equivalentes para compañías argentinas.
El acuerdo incorpora además compromisos en materia de propiedad intelectual. Argentina deberá reforzar su marco normativo para permitir acciones contra mercaderías que violen derechos de marcas o patentes, incluyendo su destrucción tanto en aduanas como en el mercado interno. La medida podría impactar sobre circuitos informales de comercialización donde suelen detectarse productos falsificados.
Otro punto relevante es el compromiso de bloquear el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzado. El texto dispone que Argentina deberá “implementar efectivamente una prohibición a la importación de bienes extraídos, producidos o manufacturados total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio”.
Incluso se establece que “Argentina considerará las decisiones del gobierno estadounidense” para identificar a las empresas o países involucrados, lo que otorga a Washington un rol central en la definición de estos controles.
El acuerdo comercial redefine el vínculo económico bilateral con un esquema que combina aperturas comerciales, alineamientos regulatorios y compromisos estratégicos en sectores clave.
Mientras el Gobierno destaca la ampliación de exportaciones alimenticias y el acceso a un mercado de alto poder adquisitivo, el texto también consolida un mayor peso estadounidense en áreas industriales, mineras y normativas, lo que anticipa un debate político y productivo en torno al impacto del tratado sobre la estructura económica argentina.
