2018
El presidente Javier Milei firmó un decreto para instruir a la Procuración del Tesoro a abandonar la querella criminal contra Mauricio Macri, Luis “Toto” Caputo y otros exfuncionarios por la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Cambiemos.
La medida se conoció en la noche del jueves y se oficializó apenas 72 horas después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti dispusiera el archivo de la causa.
La decisión vuelve a colocar en el centro del debate el proceso de endeudamiento con el organismo internacional, quizás el evento financiero más envuelto en polémica y suspicacias de la historia económica reciente del país. El retiro del Estado como parte querellante ocurre, además, en un expediente que sigue en discusión judicial, ya que el fiscal federal Franco Picardi apeló el fallo que cerró la investigación.
La medida quedó formalizada en el decreto 87/26, donde el Gobierno instruyó a la Procuración “a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019”. El expediente, caratulado “Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros”, había sido impulsado durante el gobierno de Alberto Fernández, quien anunció la presentación de la querella en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso en marzo de 2021.
Capuchetti fundamentó el cierre del expediente al sostener que “las conductas observadas en el manejo de los fondos por parte de las autoridades argentinas no pueden ser calificadas como constitutivas del delito de malversación de caudales públicos, debido a la ausencia de una norma jurídica, reglamento u orden de autoridad competente que impusiera al gobierno cuestionado un destino obligatorio y preciso respecto de los recursos otorgados”.
La resolución generó controversia política y judicial, no sólo por el alcance del fallo sino también por los antecedentes de la magistrada, designada durante la presidencia de Macri y señalada por sus vínculos con dirigentes del PRO.
Según trascendió en ámbitos oficiales, la decisión de Milei no habría estado enfocada únicamente en el expresidente. En el entorno gubernamental señalan que la medida también impacta sobre funcionarios que hoy integran el gabinete libertario, entre ellos el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quienes tuvieron roles centrales en la negociación y ejecución del acuerdo con el FMI durante la administración de Cambiemos.
La decisión, como muchas otras adoptadas por Milei durante su presidencia, se contradice con la postura que solía defender cuando se desempeñaba como panelista de TV, cuando cuestionaba enfáticamente el préstamo tomado durante aquel gobierno. En esos tiempos también solía reconocer a los Gobiernos kirchneristas por no haber incrementado la deuda externa, más allá de otras críticas.
La causa judicial giraba sobre dos núcleos principales. El primero apuntaba a un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por la falta de intervención del Congreso en la toma de una deuda de magnitud extraordinaria, una obligación prevista en la Constitución Nacional y en la normativa que regula el crédito público.
El segundo eje abordaba el destino de los fondos, ya que las denuncias sostenían que el préstamo no se utilizó para reforzar reservas, como argumentó el gobierno de entonces, sino para financiar la salida de capitales en medio de la volatilidad cambiaria.
Un informe de la Oficina Anticorrupción incorporado al expediente sostuvo que “las divisas (del préstamo del FMI) fueron utilizadas como un seguro de cambio para aquellos fondos que invirtieron en pesos en el fabuloso negocio de las Lebacs, y terminaron consumiéndose en la formación de activos externos, quebrantando los imputados la confianza del vínculo que los unía como funcionarios con los caudales públicos (deber de probidad)”.
El fiscal Picardi cuestionó con dureza el archivo de la causa y sostuvo que la jueza realizó “una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas”.
Según el representante del Ministerio Público, “la resolución recurrida posee una valoración fragmentaria y aislada del material probatorio, al analizar de manera individual y solapada las distintas acciones que, en verdad, se concatenan entre sí para materializar la toma del empréstito con el FMI y la administración de esas divisas, sin efectuar una apreciación conjunta, integral y contextual de todos los elementos reunidos en la causa”.
La investigación buscaba determinar si existió un “esquema defraudatorio” articulado entre funcionarios del Poder Ejecutivo, el Banco Central y actores del sector privado.
En ese marco, Picardi sostuvo que la deuda, que alcanzó compromisos por USD 57.100 millones, se habría contraído “vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público; y, esgrimiendo argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas”.
El fiscal también advirtió que los fondos se habrían destinado “de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público”.
Además, señaló que el proceso habría incluido “la posible obtención, en ese marco, de beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales”.
El decreto presidencial reconfigura el escenario judicial y político alrededor de uno de los episodios más controvertidos del endeudamiento argentino reciente.
Mientras la apelación del fiscal mantiene abierta la discusión en los tribunales, la salida del Estado como querellante retorna la atención sobre un expediente que busca dilucidar responsabilidades institucionales, disputas partidarias y el impacto económico de un acuerdo que todavía condiciona la política financiera del país.
