CREDIBILIDAD DESGASTADA
La salida de Marco Lavagna del INDEC y la decisión del Gobierno de dar marcha atrás con la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) detonaron una reacción inmediata en la city porteña.
Las principales consultoras económicas cuestionaron la medida y advirtieron que el episodio no sólo golpea la credibilidad del organismo estadístico, sino que también abre interrogantes sobre su impacto en los mercados, las negociaciones salariales y el vínculo con el Fondo Monetario Internacional.
La cancelación del nuevo indicador -que debía difundirse el 10 de febrero- fue atribuida a una decisión del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. El giro generó desconcierto en el mercado, que ya había comenzado a recalibrar proyecciones inflacionarias en base a la metodología que el propio Gobierno había anticipado meses atrás.
El primer frente de preocupación entre los analistas pasa por la reputación del organismo. Desde distintos espacios técnicos coinciden en que la marcha atrás con el nuevo IPC puede dejar secuelas en la confianza sobre los datos oficiales.
“Lo más problemático es en términos de credibilidad. Es una medida que no tiene sustento técnico, pero que, además, podría generar cuestionamientos permanentes sobre los futuros datos oficiales, amenazando con desanclar las expectativas y frenar la convergencia de la inflación, que ya se había ralentizado en los úlitmos meses”, advirtió Melisa Sala, economista de LCG.
En la misma línea, la consultora EPyCA sostuvo que “esta decisión erosiona la credibilidad del Indec, reabre heridas del pasado reciente de manipulación estadística y confirma una lógica de adaptación del dato al relato: una desinflación que existe, pero que se estancó, presentada como más sostenida a costa de rigor y autonomía institucional”.
El impacto también fue subrayado por Haroldo Montagu, exviceministro de Economía y socio de la consultora Vectorial, quien remarcó que “si hasta ahora se generaban dudas respecto al índice vigente, ahora todo índice a futuro también va a generar dudas”.
La incertidumbre creció aún más tras los trascendidos oficiales que indican que la actualización metodológica no sólo se habría postergado, sino que directamente se habría descartado. En su lugar, el Gobierno evaluaría elaborar un indicador completamente nuevo, lo que extendería los plazos y profundizaría la incertidumbre técnica.
Desde la consultora Outlier, dirigida por Gabriel Caamaño Gómez, reconocieron que el episodio deja secuelas en la comunicación oficial. “Claramente hay un impacto negativo a nivel comunicacional y de credibilidad, que no es definitivo ni irreversible, pero que está ahí y que no podemos obviar”, señalaron.
Daniel Marx, director de Quantum Finanzas, agregó que los cambios en el INDEC pueden generar “efectos de credibilidad económicos, que pueden repercutir en el riesgo país y en el índice general de confianza”.
La reacción del sector privado no fue menor. La city daba por hecho que el organismo estadístico avanzaría con la nueva medición, especialmente después de que el Gobierno anunciara en octubre pasado su implementación. Ese anticipo había llevado a varias consultoras a publicar proyecciones inflacionarias utilizando la futura metodología, lo que dejó al mercado descolocado tras el cambio de rumbo.
El episodio, además, comenzó a tener impacto en el frente financiero. Analistas vinculan el desempeño negativo reciente de acciones y bonos argentinos con el ruido generado por la situación del INDEC.
“A nivel externo y regional, los comportamientos fueron positivos, (por lo que) es muy difícil no asignar el relativo mal desempeño del equity local a lo ocurrido con el organismo estadístico”, sostuvo Outlier, que además advirtió sobre el “inoportuno ruido” generado tras un enero favorable para el Gobierno en materia financiera.
Más allá del impacto reputacional, las consultoras advierten sobre efectos concretos en la economía real. Uno de los focos de tensión aparece en las negociaciones salariales, donde la falta de un indicador actualizado podría complicar los acuerdos entre sindicatos y empresas.
“En términos prácticos, hay un gran problema con las negociaciones paritarias. ¿Con qué índice van a empezar a discutir los sindicatos? Esto desancla las expectativas de desinflación porque hace pensar que tocaron el índice”, explicó Montagu.
El efecto también podría trasladarse a jubilaciones y a instrumentos financieros indexados por inflación. Según el exfuncionario, “las jubilaciones van a perder poder adquisitivo y los que tienen plazos fijos UVA también van a ver alguna pérdida real”.
El episodio se produce, además, en un momento sensible del vínculo con el Fondo Monetario Internacional. En el mercado advierten que la modificación en la política estadística podría generar tensiones justo cuando se espera la llegada de una misión del organismo para evaluar el cumplimiento del programa vigente.
“Argentina había dicho que iba a hacerlo (lanzar el nuevo IPC) en el programa con el FMI. La cuestión de la sanidad de las estadísticas públicas está dentro de la misión que el Fondo considera que se debe cumplir, para lo cual tiene un departamento especial al que Argentina ya le ha hecho muchas consultas. Y hay una tradición de adaptar las estadísticas a los estándares internacionales, que tienen como al FMI”, explicó Marx, exnegociador de la deuda soberana.
El traspié con el IPC reabre un frente sensible para el Gobierno en un área históricamente observada por los mercados y los organismos internacionales. En un contexto donde la administración Milei busca consolidar su programa económico y sostener la confianza financiera, la controversia en torno al INDEC introduce un factor de incertidumbre que trasciende lo estadístico y se proyecta sobre variables clave como la negociación salarial, el sistema previsional y la relación con los acreedores externos.
