La merma persistente en la recaudación encendió luces rojas en el equipo económico y obligó al Gobierno a recalcular la hoja de ruta de la reforma laboral. Tras seis meses consecutivos de retroceso en los ingresos fiscales, enero marcó un descenso interanual real del 7,8%, un dato que alteró los planes oficiales y abrió la puerta a postergar la reducción del impuesto a las Ganancias para empresas hasta 2028.

El impacto del desplome no sólo se siente en las cuentas nacionales. Los gobernadores que negocian con la Casa Rosada elevaron el tono de sus planteos ante el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Diego Santilli. El eje del reclamo gira en torno al deterioro de los recursos coparticipables, que golpea de lleno a las administraciones provinciales.

Durante el último semestre, el equipo económico observó con preocupación el deterioro sostenido de los ingresos tributarios. Ese escenario llevó a Caputo a reconsiderar uno de los puntos más sensibles del paquete de reformas: la reducción del tributo que grava las utilidades empresariales, una demanda impulsada originalmente por los mandatarios provinciales.

Hasta hace pocas semanas, en medio de las conversaciones con las provincias, el ministro evaluaba una salida condicionada. La alternativa consistía en activar la rebaja impositiva sólo si la economía alcanzaba un crecimiento del 4%, en una suerte de cláusula gatillo que atara el alivio fiscal a la expansión de la actividad.

Sin embargo, el dato negativo de enero alteró ese esquema. En el Palacio de Hacienda ahora gana terreno la posibilidad de trasladar la baja de Ganancias a 2028, un horizonte que excede el mandato del presidente Javier Milei.

El eventual corrimiento del calendario no genera resistencia entre los gobernadores. La coincidencia responde, en parte, a un factor político: la mayoría de los mandatarios provinciales finaliza su gestión en 2027, por lo que la postergación atenúa el impacto fiscal sobre sus administraciones.

Aun así, la redefinición del cronograma abre un desafío discursivo para el Gobierno. La reducción de la presión impositiva es uno de los pilares del relato oficial y diferir su implementación podría erosionar ese eje argumental.

En ese contexto, comenzó a circular una alternativa intermedia. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, propuso un esquema escalonado que contemple una reducción del 50% en 2027 y la aplicación del recorte restante al año siguiente.

La propuesta busca equilibrar necesidades fiscales con compromisos políticos, en un escenario donde la caída de la recaudación obliga a recalcular prioridades y exhibe las limitaciones del programa económico frente a la dinámica real de los ingresos del Estado.

Mientras avanzan las negociaciones, el Gobierno enfrenta un dilema que combina urgencias fiscales, promesas de campaña y equilibrios políticos con las provincias. La definición final sobre Ganancias podría convertirse en una señal clave para medir hasta dónde la administración Milei está dispuesta a ajustar su plan original frente a la presión de los números.