Durante las sesiones extraordinarias del Congreso, el gobierno Nacional presentó un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares (Nº 26.639) que propone modificar las regulaciones sobre zonas de protección, uso del suelo y actividades económicas en áreas de alta montaña. La iniciativa volvió a encender una disputa de fondo entre quienes priorizan la preservación ambiental y aquellos que impulsan una mayor apertura a la minería y otras actividades extractivas bajo nuevos esquemas de control.

El proyecto introduce cambios en la definición de las zonas de protección estricta y de amortiguamiento, además de reformular los mecanismos de evaluación de impacto ambiental. En la práctica, estas modificaciones podrían habilitar mayores márgenes de operación para emprendimientos productivos en áreas cercanas a glaciares y recursos hídricos estratégicos. Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a compatibilizar la conservación del agua con la necesidad de promover inversiones y desarrollo en regiones andinas. Sin embargo, sus críticos advierten que implicaría un retroceso en los estándares de protección ambiental vigentes desde la sanción de la ley en 2010.

El debate legislativo promete ser áspero tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Organizaciones ambientalistas, sectores de la sociedad civil y comunidades locales manifestaron su rechazo al proyecto al considerar que podría poner en riesgo la preservación de los glaciares, fundamentales como fuente de agua dulce para ríos, acuíferos y poblaciones de amplias zonas del país. En ese marco, entidades como Greenpeace Argentina difundieron comunicados y mantuvieron reuniones con legisladores para reclamar la defensa del agua como bien común y estratégico para las generaciones futuras.

En contraposición, representantes de provincias cordilleranas y referentes de sectores vinculados a la minería sostienen que la normativa actual resulta excesivamente restrictiva y limita la generación de empleo y la llegada de inversiones. Provincias como San Juan, Mendoza y Catamarca, donde la actividad extractiva tiene un peso significativo en la economía regional, reclaman criterios más flexibles que permitan —según plantean— “armonizar producción y cuidado del ambiente” a través de evaluaciones técnicas más dinámicas y actualizadas.

La discusión también reabrió el debate sobre el federalismo ambiental y el grado de autonomía que deben tener las provincias y municipios en la gestión de sus recursos naturales frente a una legislación nacional que fija parámetros comunes de protección. Este punto se perfila como uno de los ejes centrales de la negociación parlamentaria, en la búsqueda de un equilibrio entre soberanía provincial y estándares ambientales compartidos.

Desde el ambientalismo advirtieron además que una modificación apresurada de la ley podría derivar en conflictos jurídicos y sociales, y reclamaron que cualquier cambio contemple la evidencia científica, la voz de las comunidades locales y el impacto del cambio climático. Subrayaron que los glaciares cumplen un rol clave en la seguridad hídrica y en la resiliencia de los territorios más vulnerables al estrés climático.

Con audiencias previstas en comisiones y un escenario político atravesado por fuertes tensiones, la reforma de la Ley de Glaciares se perfila como uno de los debates más controvertidos del período de sesiones extraordinarias, en un Congreso donde cada sector buscará reunir los apoyos necesarios antes de que el proyecto llegue al recinto.