El Gobierno nacional decidió postergar hasta el próximo viernes el pago de 836 millones de dólares en concepto de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI), una obligación que cubrirá mediante Derechos Especiales de Giro (DEG) provenientes de Estados Unidos.

La maniobra financiera, confirmada en medio de escasa información oficial, vuelve a exponer el hermetismo con el que la gestión de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, administran la relación con los organismos multilaterales y el frente externo.

El compromiso incluye, además, un recargo de 225 millones de dólares vinculado al nivel de endeudamiento que mantiene la Argentina, actualmente el principal deudor del Fondo. Según el informe del Exchange Stabilization Fund (Fondo de Estabilización Cambiaria) del Tesoro estadounidense, el 29 de enero Washington transfirió 808 millones de dólares en DEG para que el país pudiera afrontar ese vencimiento.

Caputo explicó este lunes que esos derechos especiales de giro fueron adquiridos por el Tesoro argentino, aunque evitó detallar el mecanismo de la transacción y la encuadró como una operatoria habitual. Sin embargo, la práctica tradicional consiste en que los dólares sean depositados directamente en la cuenta del FMI para que el propio organismo realice la conversión correspondiente.

La operación se produce mientras el Fondo mantiene demorada la revisión de metas del segundo semestre del año pasado, auditoría que debería habilitar un desembolso cercano a los 1.200 millones de dólares.

En ese contexto, circula la hipótesis de que el Tesoro estadounidense habría facilitado un préstamo transitorio en DEG, a ser cancelado cuando el FMI efectivice el giro pendiente, un mecanismo contemplado dentro de las prácticas del organismo para evitar que un país quede en situación de mora.

El arribo de la misión técnica del Fondo está previsto para este mes y su informe será determinante para definir si se libera el financiamiento que originalmente debía concretarse en septiembre pasado. Entre los puntos en evaluación aparecen el ajuste fiscal primario y la acumulación de reservas, dos objetivos que, según diversas estimaciones, no se habrían alcanzado pese a las afirmaciones oficiales.

La transferencia de DEG se concretó el 29 de enero, por lo que los registros estadísticos que se publicarán en los próximos días permitirán reconstruir la secuencia de la operatoria. Una de las versiones en análisis indica que el Tesoro habría utilizado pesos para comprar divisas al Banco Central y luego canjearlas por DEG, tal como sugirió el titular del Palacio de Hacienda. Sin embargo, los datos completos podrían demorar hasta una semana, lo que alimenta cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en su decisión de no regresar a los mercados internacionales de deuda, al menos mientras consiga financiamiento alternativo. En la práctica, esas fuentes se reducen al respaldo condicionado del FMI y al apoyo del Tesoro estadounidense durante la administración de Donald Trump.

Las declaraciones de Caputo, replicadas por la agencia Bloomberg, motivaron un pronunciamiento del propio Milei en la red social X. Allí, el Presidente planteó que los compromisos con organismos internacionales podrían cancelarse mediante la venta de activos estatales, aunque especialistas advierten que el volumen de esas eventuales operaciones resulta insuficiente frente al tamaño de la deuda con el Fondo.

En el mismo mensaje, el mandatario sostuvo que habrá “una menor oferta de títulos a mercado o al menos no creciente”, lo que -según su análisis- implicaría “mayores precios para los títulos argentinos y por ende menores tasas de interés y con ello menor riesgo país”.

Esa interpretación omite que durante el año pasado se emitieron cerca de 9.000 millones de dólares en bonos de las series AL35 y AE38, utilizados como garantía en un acuerdo REPO por 3.000 millones de dólares con bancos comerciales que permitió afrontar los vencimientos del 9 de enero. Ese antecedente relativiza la idea de una contracción sostenida en la oferta de deuda soberana.

Milei cerró su intervención con una consigna que busca consolidar uno de los ejes discursivos del oficialismo: “Los derechos de la propiedad en la nueva Argentina se respetan a rajatabla", enfatizó a través de sus redes sociales.

Una definición que el Gobierno intenta instalar como pilar conceptual de su programa económico en medio de un escenario financiero aún condicionado por la dependencia del crédito internacional.