En un giro que sorprendió tanto en el mundo sindical como en el empresarial, las cámaras patronales y la CGT comenzaron a confluir en un mismo diagnóstico: la reforma laboral impulsada por el Gobierno debería postergarse hasta marzo para ser tratada en sesiones ordinarias.

La coincidencia, inusual en un debate históricamente atravesado por discrepancias, responde a la cantidad de aspectos del proyecto que todavía permanecen sin definición y a la inquietud por las consecuencias legales de una aprobación acelerada.

El reclamo más visible surgió desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Su titular, Ricardo Diab, planteó reparos sobre uno de los puntos centrales de la iniciativa oficial: la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, un mecanismo que mantiene vigentes los acuerdos laborales hasta que son reemplazados por otros nuevos.

Según advirtió el dirigente empresario, suprimir esa cláusula implicaría “la caída de los convenios laborales y empezar de nuevo a reformularlos” para que “después, lógicamente, el Estado lo homologue o no”.

En esa línea, relativizó la necesidad de introducir cambios estructurales en todos los sectores. “Sabemos que hay muchos convenios que seguramente están muy desactualizados, pero en el caso nuestro lo actualizamos continuamente y no tenemos conflicto alguno, no vemos necesidad de tener que darle baja y empezar todo de nuevo”, argumentó.

Diab también confirmó que las patronales elevaron observaciones sobre al menos otros cinco artículos del proyecto y aguardan una respuesta oficial. En paralelo, desde la CGT dejaron trascender que esos cuestionamientos empresariales podrían empujar a ambas partes hacia una estrategia común: evitar un tratamiento exprés que, según temen, podría desembocar en una catarata de litigios.

En el universo gremial ya se preparan para judicializar los aspectos más controvertidos de la reforma, al igual que varios bloques opositores. En ese contexto, generaron ruido interno las declaraciones atribuidas a Patricia Bullrich, quien habría asegurado ante senadores aliados que el Gobierno contaba con el compromiso de “los camaristas” del fuero laboral para rechazar eventuales impugnaciones.

La posibilidad de trasladar la discusión a marzo tampoco es descartada por sectores sindicales con llegada al peronismo parlamentario. “Admiten que hay cosas que se podrían conversar con el Gobierno”, deslizó un senador justicialista al tanto de las negociaciones, en referencia a la predisposición de algunos gremios a revisar artículos puntuales si el debate se desarrolla sin presiones de calendario.

El malestar con la hoja de ruta del oficialismo también se replica entre legisladores dialoguistas. Una senadora de ese espacio anticipó que no participará del encuentro convocado por Bullrich con los jefes de bloques aliados. “Ya hicimos nuestros planteos para los cambios y hasta que no nos respondan no vamos a ir”, transmitió a su entorno.

El cronograma impulsado por la titular del bloque libertario aparece, para varios actores, excesivamente comprimido. Este martes tiene previsto reunirse con referentes parlamentarios -sin la presencia de los líderes peronistas- en oficinas de la UCR, donde deberá informar si el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de Economía, Luis Caputo, aceptan las modificaciones solicitadas. Un día después, Bullrich deberá exponer el resultado de esas gestiones ante la mesa política del Gobierno.

En simultáneo, los gobernadores convocaron a un encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), también previsto para el miércoles. El peronismo aguarda ese cónclave para medir cuántos apoyos puede reunir en el Senado, ya sea para bloquear la iniciativa o para obstaculizar el quórum necesario para tratarla.

El jefe del interbloque peronista, José Mayans, parte de un piso cercano a los 28 votos, aunque su capacidad de frenar la reforma dependerá de la posición que adopten los senadores alineados con los mandatarios provinciales.

En ese marco, el formoseño habría sido contundente durante una conversación con emisarios de las provincias afectadas por los incendios patagónicos: “Ustedes vienen a pedir solidaridad para conseguir 20 mil millones por los incendios pero le regalan a Milei 12 mil millones con la reforma laboral”.

Más allá de las disputas partidarias, incluso dentro del oficialismo emergen dudas sobre la consistencia técnica del proyecto y el alcance real que podría tener si se sanciona sin acuerdos transversales. En ese diagnóstico convergen legisladores que, sin romper filas, observan con preocupación la fragilidad política y jurídica con la que podría nacer una de las reformas estructurales más ambiciosas del Gobierno.