La Secretaría de Inteligencia del Estado se convirtió, desde hace meses, en uno de los focos más sensibles del poder libertario. Las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei sobre la estructura y atribuciones de la SIDE no sólo encendieron alarmas en la oposición: también expusieron cortocircuitos dentro del propio oficialismo, atravesado por disputas internas que empiezan a dejar marcas visibles.

El tema volvió a ganar centralidad esta semana, cuando el juez federal Daniel Alonso resolvió suspender la feria judicial para analizar uno de los múltiples recursos presentados contra el DNU 941/2025, que amplió de manera significativa las facultades del organismo de inteligencia.

El magistrado rechazó un habeas corpus preventivo al considerar que no existía una “limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria” ni una vulneración concreta de garantías constitucionales, argumentos que cerraron -al menos por ahora- la vía judicial intentada por los abogados Rubén Alberto Pagliotto, Raymundo Arturo Kisser y Armando Rafael Aquino Britos.

La decisión de Alonso sorprendió incluso en la Casa Rosada. El oficialismo, acostumbrado a avanzar por decreto con escasa interferencia judicial, interpretó el levantamiento del receso como una señal política. Si bien en el Ejecutivo descontaban algún movimiento en tribunales, pocos esperaban una reacción tan rápida y con ese nivel de exposición.

En paralelo, en el Congreso el decreto era dado por descontado en la agenda parlamentaria. Tanto bloques opositores como aliados asumían que el DNU terminaría discutiéndose en el recinto.

El clima se tensó cuando Martín Goerling, titular de la comisión bicameral de Inteligencia, dejó en evidencia el malestar del PRO por la falta de firma de Martín Menem y Victoria Villarruel para activar el tratamiento formal. “Queremos que muestren los protocolos de la norma”, repiten en el partido amarillo, que esta vez se niega a acompañar sin condiciones.

Las objeciones no son menores. En el PRO miran con especial preocupación los artículos que habilitan aprehensiones y abren la puerta al espionaje sobre partidos políticos, un terreno que incluso en los pasillos más experimentados de la ex SIDE siempre se evitó dejar por escrito. Aunque el bloque que conduce Cristian Ritondo avala una actualización del sistema de inteligencia, advierte que una regulación deficiente puede derivar en abusos difíciles de revertir.

“Nosotros no vamos a sentarnos a votar nada hasta que no nos expliquen qué quieren hacer. Se acabó el jueguito de tomarnos de boludos”, deslizó a este medio un dirigente del PRO, que ratificó la intención de llevar el decreto al debate parlamentario.

En Diputados tomaron nota. Desde el oficialismo sostienen que la oposición no puede forzar una sesión hasta la reapertura de las ordinarias, pero del otro lado relativizan esa lectura. La tibieza del bloque libertario para bloquear una eventual ofensiva opositora alimentó, en las últimas horas, versiones sobre un sabotaje interno.

Según relatan legisladores de la oposición dialoguista, en los pasillos de la Cámara se dejó trascender que, si la oposición alcanzara el quórum, la presidencia del cuerpo no movería fichas para impedir el debate. Incluso circula la versión de que el propio Martín Menem no vería con malos ojos un rechazo al DNU, en desacuerdo con los cambios que se pretenden introducir en la carta orgánica de la inteligencia estatal.

Las sospechas se profundizaron cuando se confirmó que Alonso sería el juez a cargo del análisis judicial. En Entre Ríos todavía se recuerdan sus vínculos con el clan Menem, forjados en su etapa como abogado de Carlos Nahir Menem en el juicio por filiación contra el expresidente.

Para algunos, el fallo rápido evocó viejas jugadas del magistrado, como la cautelar de 2022 que frenó el envío de representantes del Congreso al Consejo de la Magistratura, una decisión que luego derivó en una causa disciplinaria que terminó archivada ya con Milei en el poder.

Hoy, el poroteo parlamentario todavía no alcanza. La oposición reúne entre 120 y 123 voluntades, lejos de las 129 necesarias para abrir el recinto. Sólo un quiebre de último momento o un enojo inesperado podría alterar ese equilibrio y complicar los planes que impulsa Cristian Auguadra, bajo el paraguas político de Santiago Caputo, para la nueva SIDE.

En el Ejecutivo, en cambio, el clima es de calma. Confían en que el decreto seguirá vigente y leen el respaldo judicial como una luz verde para profundizar las reformas sin pasar por el tamiz del Congreso. Mientras tanto, la inteligencia vuelve a ocupar un lugar incómodo en el ámbito político; con un oficialismo que avanza, una oposición que desconfía y un sistema atravesado por internas que ya no se pueden disimular