El Gobierno Nacional busca asegurar apoyos para avanzar con la batería de reformas entre las cuales se destacan la laboral, la fiscal, del código penal y de Glaciares, al tiempo que las provincias ponen sobre la mesa el impacto en las cuentas que implican las iniciativas del presidente, Javier Milei.

En este marco, el recorte en el Impuesto a las Ganancias a empresas aparece como el principal foco de conflicto que manifiestan los gobernadores, ya que afecta sensiblemente el presupuesto coparticipable. Sobre esto, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya advirtió que no habrá cambios.

En medio de un movimiento que combina gestos de acercamiento y presión, el ministro del Interior, Diego Santilli, llegará este viernes a Corrientes con la misión de asegurar el respaldo de los legisladores provinciales intentando reducir las concesiones lo más posible.

La reunión con el gobernador Juan Pablo Valdés forma parte de una ronda de contactos que la Casa Rosada impulsa para consolidar apoyos en torno a cuatro ejes considerados prioritarios por el oficialismo: la reforma laboral, cambios en la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la nueva Ley Penal Juvenil.

Hasta ahora, el Gobierno logró sumar a ocho mandatarios provinciales a su esquema de alianzas. Sin embargo, en el detrás de escena de las fotos y declaraciones de apoyo se asoma un clima de escepticismo general vinculado al 'agujero' fiscal que les representará a las arcas provinciales el capítulo tributario del cambio de régimen laboral.

El Ejecutivo impulsa una reducción en el impuesto a las Ganancias para las empresas, que pasaría del 35% al 31,5%. Mientras el oficialismo presenta la medida como un incentivo para atraer inversiones, las provincias advierten que el recorte implicaría resignar alrededor de 1,2 billones de pesos en recursos coparticipables.

Incluso gobernadores cercanos a Milei reconocen en privado la dificultad de acompañar una modificación que reduce ingresos en medio de una economía muy raliada por la recesión y la caída de la actividad. Por eso, las conversaciones actuales giran alrededor de posibles mecanismos de compensación, aunque la administración nacional se mantiene firme en su objetivo de preservar el superávit fiscal.

La agenda que Santilli llevará a Corrientes no se limita al aspecto económico. También incluye la propuesta de modificar la Ley de Glaciares, un proyecto que genera rechazo entre organizaciones ambientales por el riesgo de habilitar actividades extractivas en zonas protegidas.

A ese combo se suma la discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad, impulsada por el oficialismo como parte de su política de endurecimiento penal y orden público.

En el Gobierno consideran que consolidar estos cambios antes del inicio del período ordinario de sesiones permitiría fijar el rumbo político y económico de la gestión en los próximos meses, aprovechando el respaldo que todavía conserva el oficialismo en varios distritos.

Sin embargo, en las provincias el cálculo es distinto. Gobernadores que inicialmente acompañaron al Ejecutivo comienzan a evaluar si pueden sostener el apoyo cuando el costo político y fiscal empieza a sentirse en sus propios territorios.

La reunión en Corrientes funcionará, en ese sentido, como una prueba para medir hasta dónde llega la voluntad de los aliados y si las provincias aceptarán absorber el impacto del ajuste tributario o exigirán condiciones más favorables para sostener la gobernabilidad.

Por ahora, la pulseada continúa abierta y el margen de negociación parece estrecharse a medida que se acercan las definiciones parlamentarias.