La leve disminución de la intensidad del incendio que castiga a Cholila permitió un respiro momentáneo, aunque el peligro está lejos de desaparecer. Mientras los vientos cordilleranos desplazaron parte de los focos hacia zonas menos pobladas, la preocupación comenzó a trasladarse hacia Esquel, donde se activaron operativos preventivos para frenar el avance del fuego a varios kilómetros de la ciudad.

La tragedia ambiental que golpea al noroeste de Chubut lleva casi dos meses activa y dejó un saldo devastador: decenas de familias afectadas, unas 80 viviendas destruidas, pérdidas productivas millonarias y un daño ecológico difícil de cuantificar en casi 50 mil hectáreas consumidas por las llamas. A ello se suman miles de animales muertos y un impacto severo sobre la fauna silvestre y los ecosistemas de la región.

En ese contexto, el Gobierno nacional anunció finalmente la declaración de la “Emergencia Ígnea” mediante decreto, una medida que había sido exigida por gobernadores y legisladores patagónicos para agilizar la llegada de recursos.

La decisión se comunicó horas después de que la Casa Rosada presentara como novedad el envío de fondos a los Bomberos Voluntarios, aunque esos recursos ya estaban previstos en partidas previamente recaudadas y demoradas por la administración central.

La emergencia permitirá flexibilizar procedimientos administrativos para disponer con mayor rapidez de fondos destinados al combate de incendios forestales, una herramienta reclamada desde el inicio de la temporada crítica.

Mientras tanto, en Esquel comenzaron trabajos de defensa preventiva. El municipio desplegó maquinaria pesada y cuadrillas para abrir amplias fajas cortafuego en la zona de Alto Río Percy, al noroeste del ejido urbano. Estas franjas, libres de vegetación, buscan cortar la continuidad del combustible vegetal y actuar como barrera ante un eventual avance de las llamas.

El riesgo proviene principalmente de uno de los desprendimientos del incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces, cuyo origen se remonta a comienzos de verano, tras una tormenta eléctrica. La respuesta tardía al foco inicial derivó en denuncias y desplazamientos dentro de la conducción del parque, aunque en la zona muchos advierten que las responsabilidades exceden a esos funcionarios.

En los alrededores de Cholila, la sequía complica cualquier intento de control. Arroyos y cursos de agua menores están prácticamente secos, obligando a brigadistas y voluntarios a trasladar agua en camionetas equipadas con motobombas para sofocar focos secundarios que aparecen por las llamadas pavesas: brasas que el viento transporta a grandes distancias y generan nuevos incendios.

El frente que avanzaba desde el sur, cerca de Villa Lago Rivadavia, perdió intensidad y comenzó a desplazarse hacia campos abiertos al este. Sin embargo, el daño ya alcanzó a numerosos productores, con pérdidas de ganado que no pudo ser evacuado a tiempo de las veranadas.

Otro foco activo, originado en enero en Puerto Patriada, también se mueve hacia sectores cercanos a Cholila, bordeando barrios rurales y zonas pobladas, pese a que el gobierno provincial aseguró que estaba completamente contenido.

En medio de la emergencia, escuelas rurales y edificios comunitarios se transformaron en centros de apoyo para brigadistas que llegan desde distintos puntos de la Patagonia. Allí se organizan donaciones, se preparan alimentos y se atiende a quienes regresan exhaustos tras jornadas de combate directo contra el fuego.

La ayuda estatal, en cambio, llegó con retraso. Recién cuando se cumplieron 50 días desde el inicio de los incendios, los gobernadores patagónicos coordinaron un pedido conjunto para que Nación habilitara mecanismos extraordinarios de asistencia.

El trasfondo político agrega tensión al escenario: varios mandatarios que hoy reclaman apoyo habían acompañado reformas nacionales que redujeron drásticamente el financiamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y ahora impulsan cambios en normativas ambientales vinculadas al uso del suelo, bosques y recursos naturales.