La negociación por la reforma laboral entró en zona de fricción dentro del propio oficialismo. Patricia Bullrich reconoció ante senadores aliados que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se mantiene inflexible ante el pedido de modificar el capítulo de Ganancias, una condición clave que plantean varios gobernadores para habilitar el avance de la ley.

La admisión ocurrió durante una reunión en las oficinas del bloque radical del Senado, donde la jefa de la bancada libertaria pidió a los presentes prudencia y silencio público para no entorpecer las conversaciones abiertas con las provincias.

Sin embargo, el intento de Bullrich de acelerar los tiempos chocó con la resistencia de los propios aliados. La funcionaria llegó al encuentro con un pedido para convocar a sesión el 12 de febrero, pero los legisladores se negaron a rubricarlo hasta que se garantice la apertura de la Casa Rosada a revisar el esquema impositivo que reduce la carga sobre grandes empresas y, según advierten, golpea de lleno la coparticipación provincial.

A esa incomodidad se sumó otro punto sensible: el temario propuesto por el oficialismo no contemplaba la declaración de emergencia ígnea, una demanda urgente de gobernadores afectados por los incendios que avanzan en la Patagonia.

Entre los senadores que participaron del encuentro -Eduardo Vischi, Luis Juez, Beatriz Ávila, Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi y Flavia Royón- hubo coincidencia en que existe voluntad de acompañar la media sanción, aunque sin asumir el costo político de una aprobación ajustada.

“No estamos dispuestos a inmolarnos”, resumió uno de los presentes, quien además planteó la necesidad de conseguir una mayoría amplia. “Queremos que junten 50 votos para que ningún juez se anime a voltearla”, explicó, aludiendo al riesgo de judicialización posterior.

El obstáculo central sigue siendo la postura del Ministerio de Economía. Según relató Bullrich en privado, “Caputo está muy duro” y por ahora no acepta modificaciones al texto.

El escenario se vuelve todavía más complejo si el interbloque peronista mantiene cohesión. Con José Mayans alineando a los distintos espacios justicialistas, el rechazo podría arrancar con un piso cercano a 28 votos y ampliarse si el Ejecutivo no cede ante las demandas provinciales. Un senador que responde a un mandatario lo sintetizó sin rodeos: “Sin los votos de los gobernadores, la ley no sale del Senado”.

Durante la reunión también hubo un momento incómodo cuando un legislador preguntó si el Gobierno había dialogado con la CGT. Bullrich respondió afirmativamente y dejó trascender que existieron contactos con camaristas judiciales, una afirmación que podría abrir un frente de polémica si se confirma públicamente.

Al cierre del encuentro no hubo avances concretos, salvo el compromiso de la titular del bloque oficialista de trasladar los reclamos a Caputo y a Diego Santilli, para retomar las conversaciones la próxima semana y buscar una salida que permita destrabar el debate.

Mientras tanto, la reforma laboral sigue atada a un delicado equilibrio: sin concesiones fiscales ni respaldo de las provincias, la iniciativa corre riesgo de quedar atrapada en la Cámara Alta antes siquiera de llegar al recinto.