La derrota de Techint en la licitación para la provisión de caños del gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro abrió un nuevo capítulo de tensiones entre el grupo empresario de Paolo Rocca y el Gobierno nacional.

Luego de quedar fuera de competencia por la diferencia en el precio ofertado, la metalúrgica nacional intenta ahora que el Estado aplique la Ley Antidumping para invalidar el proceso que dio como ganadora a la firma india Welspun.

El contrato, impulsado por el consorcio privado de petroleras que operan en Vaca Muerta, contempla la construcción de un ducto de casi 500 kilómetros. Allí, Siat-Tenaris -el brazo local de Techint- no solo perdió frente a Welspun, sino que terminó sexta en la lista corta, superada por dos compañías indias y tres chinas.

La propuesta de Welspun rondó los 203 millones de dólares, una cifra que dejó expuesta la diferencia de costos con la firma de Rocca, cuyo ofrecimiento la superaba por unos 90 millones de dólares. Una cifra nominalmente discreta para inversiones de alta infraestructura, pero que significó un sobreprecio que se acercaba al 45% de la opción ganadora.

Pese a ese resultado, Techint logró, por gestiones del CEO de YPF, Horacio Marín -ex empleado del grupo durante más de tres décadas-, una segunda oportunidad para mejorar su propuesta.

El recorte, sin embargo, fue marginal: apenas un 5%. Aun así, la oferta continuó siendo unos 80 millones de dólares más cara que la de Welspun. Las firmas chinas, por su parte, también quedaron por encima de la ganadora, con valores alrededor de un 15% mayores.

La licitación fue adjudicada formalmente el 23 de diciembre de 2025, con la aprobación unánime de los accionistas del consorcio Southern Energy. Un día después, y ya con el proceso cerrado, Tenaris presentó una nueva oferta, fuera de plazo y cuando el contrato comenzaba a encaminarse hacia su firma definitiva.

El 30 de diciembre, la empresa de Rocca recibió la confirmación de que, incluso con esa mejora tardía, su propuesta seguía siendo casi un 25% más elevada que la ganadora, con una brecha cercana a los 50 millones de dólares.

Lejos de desistir, el 6 de enero Tenaris volvió a la carga y ofreció igualar las condiciones comerciales de Welspun. La respuesta fue tajante: la oferta estaba fuera de término y su aceptación atentaría contra la transparencia y la igualdad de trato entre los participantes.

El intento final incluyó la exigencia de una cláusula de first refusal, que le permitiera a Tenaris empatar cualquier oferta y quedarse con la adjudicación. Esa maniobra fue expuesta públicamente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, al responder a los reclamos del grupo y dejar en evidencia el lobby desplegado desde YPF.

Al no tratarse de una licitación estatal sino de un proceso privado, Techint redireccionó ahora sus gestiones hacia la Secretaría de Comercio, con el objetivo de que se declare que hubo dumping por parte de la empresa india. El argumento apunta a que Welspun habría ofertado a un precio artificialmente bajo para desplazar a sus competidores.

Fuentes vinculadas al proceso descartaron esa hipótesis. Según explicaron, Welspun producirá los caños en India y ejerció su derecho a adquirir la chapa en el mercado más conveniente para el proyecto. En contraste, Tenaris importa el 100% de la chapa desde Brasil, lo que relativiza uno de los ejes de su reclamo, basado en el supuesto “compre argentino”.

La chapa que utiliza Tenaris proviene de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas), firma controlada por Ternium, la siderúrgica del propio grupo Techint. En los hechos, señalan quienes siguieron de cerca la licitación, la empresa “se compra la chapa a sí misma”, lo que debilita aún más el planteo.

Incluso si prosperara la ofensiva para instalar la denuncia de dumping, el resultado no le sería favorable a Rocca: Tenaris no quedó segunda ni tercera, sino por detrás de otras cuatro compañías. Un dato que expone que el problema no fue solo Welspun, sino un esquema de precios que dejó a Techint completamente fuera de competencia.

El CEO de Tenaris ha solicitado en más de una ocasión "nivelar la cancha" con las industrias de países más competitivos en su estructura de costos, ya sea por presión impositiva, cargas sociales, salarios, logística o -como en el recurrentemente mencionado caso de China- una política estatal que apuntala la producción subsidiando el consumo de energía.