CONGRESO
En medio del calor agobiante que atraviesa a la Ciudad y con una agenda política diseñada para no ceder el control del escenario público, el Gobierno de Javier Milei volvió a mover fichas en el Congreso.
Mientras el presidente se prepara para desembarcar en Mar del Plata con una nueva edición del Tour de la Gratitud, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el oficialismo impulsará la reforma de la Ley Penal Juvenil durante las sesiones extraordinarias que comenzarán el próximo 2 de febrero.
La decisión fue tomada tras una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada y se produce en un contexto marcado por la conmoción social que generó el asesinato del menor Jeremías Monzón, perpetrado por tres adolescentes. Según explicaron fuentes oficiales, el Ejecutivo optó por avanzar con este proyecto ante la imposibilidad material de discutir una reforma penal integral en el corto plazo.
“Son más de 900 artículos, no dan los tiempos. La Penal Juvenil, que corresponde a otro régimen separado al Penal común, es más corta y puede tratarse en estas instancias”, deslizaron desde Balcarce 50 para justificar el cambio de prioridades legislativas.
El núcleo de la iniciativa que impulsa el Gobierno pasa por modificar la edad de imputabilidad, que hoy se ubica en los 16 años. El nuevo esquema propone reducirla a los 13, una definición que el oficialismo presenta como respuesta a un supuesto vacío legal frente a delitos graves cometidos por menores de menor edad.
El proyecto, no obstante, conserva en su redacción un enfoque formalmente orientado a la educación y la resocialización. El régimen de penas, establece el texto, deberá apuntar “siempre a la educación y resocialización, a fin de que el adolescente imputado obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”, y a reducir el riesgo de reincidencia.
Además, incluye un capítulo específico sobre la protección de la dignidad humana del adolescente imputado. Allí se prohíbe la difusión de datos personales que permitan su identificación y se garantiza, entre otros derechos, el respeto por la identidad de género adoptada por el acusado.
Aunque el anuncio buscó generar impacto, la iniciativa no es nueva. El proyecto ya había sido presentado el año pasado y llegó incluso a obtener dictamen para su tratamiento en el recinto. En aquella oportunidad, el impulso vino de la mano del PRO y fue trabajado en la comisión que presidía Laura Rodríguez Machado, hoy integrada al bloque de La Libertad Avanza.
Las diferencias, en ese entonces, se centraron en la edad de imputabilidad. Mientras el oficialismo presionaba para fijarla en 13 años, el macrismo proponía llevarla a 14, número que finalmente quedó plasmado en el dictamen. Esa discusión promete reabrirse ahora, con el Gobierno decidido a volver a la carga para bajar un año más el umbral.
Desde el Ejecutivo admiten que el margen de maniobra es acotado. “Todos los proyectos los tenemos que aprobar con la mitad más uno, hasta que no tengamos todos esos diputados, siempre vamos a tener que negociar”, reconoció una fuente oficial, que anticipó un diálogo intenso con la oposición dialoguista para acelerar los tiempos.
Pese a la inclusión formal en el temario de extraordinarias, en el Gobierno descuentan que la sanción definitiva podría demorarse hasta el inicio del período ordinario. La prioridad inmediata, explican, pasa por otros asuntos: el acuerdo con el Mercosur y la reforma laboral que se discute en Diputados.
“No nos dan los tiempos. La discusión por este tema va a arrancar a mediados del mes que viene”, admitieron desde el oficialismo, que proyecta recién después del 11 de febrero el inicio efectivo del debate en comisiones.
La redacción del proyecto estuvo a cargo de la mesa legal que coordina el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, bajo la órbita del influyente asesor presidencial Santiago Caputo. También participaron la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad.
Llamativamente, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no tuvo intervención directa en la confección del texto. El abogado, emblema del menemismo, atraviesa desde hace meses versiones persistentes sobre una posible salida del gabinete, que el propio Gobierno se encarga de desmentir.
