El ajuste en salud se consolidó como una de las señas distintivas de la gestión de Javier Milei. Retracción del gasto, subejecución sistemática, desfinanciamiento de programas estratégicos y transferencia de responsabilidades a las provincias configuran el cuadro que describe la Fundación Soberanía Sanitaria en un informe sobre los dos primeros años de gobierno libertario.

Según el relevamiento, “durante el período 2024 y 2025, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud de la Nación se caracteriza por una contracción significativa de los recursos en términos reales, acompañada por elevados niveles de subejecución”.

El documento subraya que esta dinámica no sólo implica menos gasto, sino también una pérdida de capacidad de conducción del sistema sanitario por parte del Estado nacional.

Entre 2023 y 2024, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 31% en términos reales. En 2025 se sumó una nueva baja del 13%, lo que acumula una reducción del 34% respecto de 2023. La poda se reflejó con fuerza en los programas sanitarios, que en 2024 registraron una caída real del 35%.

Entre los más golpeados aparece SUMAR, que garantiza cobertura a personas sin obra social ni prepaga, con una reducción del 28% en 2024. En 2025 el recorte se moderó, pero no se revirtió: la baja real fue del 14% interanual. El Programa de VIH, en tanto, sufrió “una reducción real cercana al 50%” en 2024.

La motosierra también alcanzó a la prevención: en 2025, el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles cayó un 30%, afectando partidas vinculadas a la compra y distribución de vacunas del Calendario Nacional.

El ajuste coincidió con el resurgimiento de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa, que ya provocó la muerte de diez bebés por la baja en las coberturas.

Para la Fundación, estas decisiones forman parte de “un proceso más amplio de desarticulación de políticas sanitarias nacionales”, con cierre o debilitamiento de programas territoriales y un traslado creciente de responsabilidades a las provincias, profundizando las brechas entre jurisdicciones.

En ese contexto, en los últimos días volvió al centro del debate el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. El despido de tres de sus siete profesionales generó denuncias por vaciamiento. Aunque el Ministerio de Salud negó el cierre, reconoció el ajuste y anunció un supuesto “fortalecimiento”, mientras las familias impulsoras del programa convocan a un banderazo en su defensa el 1° de febrero.

El impacto del recorte también se siente en los hospitales nacionales. El informe señala que el Hospital Posadas, que concentra cerca de dos tercios del presupuesto hospitalario nacional, ejecutó en 2024 un presupuesto que implicó una reducción real del 32% respecto de 2023. En el Hospital Laura Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones, la caída acumulada entre 2023 y 2026 alcanza el 46%.

A esto se suma la derogación de los sistemas nacionales de facturación y auditoría para hospitales públicos descentralizados, lo que limitó la posibilidad de recuperar costos por prestaciones a pacientes con cobertura y “incrementó la vulnerabilidad financiera” de los efectores.

En los hospitales SAMIC, las transferencias nacionales se redujeron un 17% en términos reales entre 2023 y 2025, con fuertes caídas en centros clave como el Garrahan, El Cruce y El Calafate. El ajuste en el hospital pediátrico de alta complejidad se convirtió, de hecho, en una constante de la política sanitaria del oficialismo.

El acceso a medicamentos es otro de los frentes críticos. El informe describe una retirada del Estado de su rol en provisión y regulación, con menor distribución de REMEDIAR y recortes en tratamientos oncológicos de alto costo. Las interrupciones en la entrega de estos tratamientos fueron uno de los primeros conflictos visibles de la gestión Milei.

En el PAMI, la modificación de los esquemas de cobertura disparó el gasto de bolsillo de los jubilados. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, ese gasto aumentó un 477%, muy por encima de la inflación y de la evolución de los haberes.

El resultado fue una caída sostenida en el consumo de medicamentos recetados, especialmente entre afiliados al PAMI, mientras la facturación de las farmacéuticas creció en términos reales.

El ajuste también alcanzó a la salud sexual y reproductiva, donde la provisión de preservativos y anticonceptivos se redujo de manera significativa en 2024, en un contexto en el que los casos de sífilis aumentaron un 71% durante 2025, según datos oficiales.

Finalmente, la Fundación advierte sobre el deterioro en la formación de profesionales. El sistema de residencias fue uno de los blancos del recorte: la Resolución 2109/2025 redefinió el vínculo de los residentes como “beca”, profundizando la precarización, y se resolvió la desarticulación del Examen Único de ingreso, con su consecuente provincialización desde 2026.

“El desfinanciamiento de la formación técnica, la precarización del sistema de residencias y la fragmentación del acceso a la formación de posgrado configuran un debilitamiento estructural de la fuerza laboral en salud”, concluye el informe. Un diagnóstico que resume el saldo sanitario de la era Milei: menos Estado, más desigualdad y un sistema cada vez más tensionado.