Una dirigente de La Libertad Avanza fue señalada en las últimas horas por acceder a la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para hacer campaña, sumando otro escándalo al Gobierno en general y al organismo en particular.

Se trata de Franca Grippo Harrington, concejala y referente libertaria en el sur de la provincia de Buenos Aires, denunciada por el presunto uso proselitista de información sensible perteneciente a beneficiarios del programa Incluir Salud.

La acusación apunta a que Grippo Harrington habría accedido a la información durante la campaña electoral de 2025. El caso comenzó a tomar forma meses atrás, cuando medios locales difundieron capturas de un grupo de WhatsApp integrado por dirigentes libertarios de la Sexta Sección Electoral, ámbito que la propia concejala coordinaba.

Los mensajes datan del 17 de junio de 2025, pocos días antes de los comicios legislativos. En una de las conversaciones, atribuida a Grippo Harrington, se lee: “Tengo el padrón de Incluir Salud, de toda la Sexta, dividido localidad por localidad, para que puedan hacer territorio”.

A continuación, otro mensaje refuerza la gravedad del asunto: “Es información reservada. Me la dieron en papel y se las voy a dar en mano a ustedes”.

Incluir Salud es un programa nacional destinado a brindar cobertura médica a personas que perciben pensiones por discapacidad, lo que convierte a sus bases de datos en información especialmente protegida. En el mismo intercambio, según las capturas difundidas, la dirigente libertaria habría insistido en que los datos no debían circular: “Me pidieron que lo entregara en mano porque es info reservada y no quieren que ande circulando (sic)”.

Ese material fue incorporado a una denuncia penal presentada por Martín Esteban Garate, secretario de Desarrollo Social de Tres Arroyos, y Andrea Ivone Elgart, coordinadora del Área de Discapacidad del mismo municipio. Ambos solicitaron que se investigue la posible comisión de los delitos de acceso ilegítimo y revelación indebida de datos personales de personas con discapacidad.

La presentación recayó en la Unidad Fiscal de Tres Arroyos, a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que el expediente será girado a Bahía Blanca, ya que se presume que el acceso a la información habría tenido lugar en esa ciudad. Tampoco se descarta un pase al fuero federal, dado que se trata de datos pertenecientes a un programa nacional.

Un dato que refuerza la sospecha es que, según los denunciantes, los padrones habrían sido distribuidos durante la inauguración de un local partidario de LLA en Tres Arroyos, el 20 de junio de 2025. Ese acto, siempre de acuerdo con los chats aportados, habría funcionado como ámbito para la entrega física de la información.

Grippo Harrington venía de desempeñarse como directora de la oficina local del PAMI en General Cerri, hasta que en diciembre solicitó una licencia extraordinaria sin goce de haberes para asumir como concejala en Bahía Blanca. Tras jurar en su banca, celebró el momento en redes sociales con agradecimientos al armador bonaerense Sebastián Pareja, a Karina Milei y al presidente Javier Milei.

Antes de su salto a La Libertad Avanza, la dirigente había tenido un paso por Juntos por el Cambio. En sus perfiles públicos se presenta como abogada, coordinadora seccional del espacio libertario y delegada distrital de la Sociedad Rural Argentina, con participación activa en el Ateneo de Jóvenes de la entidad.

Más allá de la denuncia formal, Garate sumó un elemento político sensible. Recordó que, en paralelo a los hechos investigados, el municipio reclamaba sin éxito información oficial para evitar que personas con discapacidad perdieran sus pensiones durante las auditorías nacionales. “Ahora nos damos cuenta que en el mismo momento en el que el gobierno estaba sacando pensiones de personas con discapacidad habrían usado los datos de esa gente con un fin proselitista”, afirmó.

Consultada por este medio, Grippo Harrington no respondió a las acusaciones. Mientras tanto, la causa avanza y amenaza con convertirse en un nuevo frente de conflicto para el oficialismo libertario, esta vez atravesado por el uso político de información ultrasesible y la posible violación de derechos de un colectivo especialmente vulnerable.