El ajuste en la obra pública empezó a mostrarse sin filtros en el asfalto. Las rutas nacionales atraviesan una situación crítica: al menos dos de cada tres presentan un estado regular o directamente malo, en un contexto marcado por la subejecución presupuestaria y el abandono del mantenimiento preventivo durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei.

La advertencia surge de un informe elaborado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional, que describe un escenario de deterioro acelerado en la red vial y señala consecuencias directas sobre la economía y la seguridad.

Menor velocidad promedio de circulación, aumento de los costos logísticos, pérdida de competitividad regional y un alza sostenida de la siniestralidad vial forman parte del combo que ya se percibe en todo el país.

Al comparar los números del presupuesto 2023 con los proyectados para 2026, los trabajadores hablan de un recorte sin precedentes. “El ajuste es brutal y deliberado. El Presupuesto 2026 consolida una caída real cercana al 75% respecto de 2023”, sostiene el documento.

Ese achique se traduce en rutas cada vez más degradadas. Según el relevamiento, “al menos el 60% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo, con mediciones parciales y desactualizadas”. Las proyecciones, incluso, son más pesimistas: el deterioro real podría alcanzar entre el 65% y el 70% de la red, afectando corredores estratégicos en todas las provincias.

A la falta de fondos se suma una decisión clave: el abandono del mantenimiento preventivo. Como ya había contado LPO, el Gobierno dejó de realizar tareas básicas como la campaña invernal, fundamental para preservar calzadas en zonas críticas. Esa ausencia tiene un efecto multiplicador. “Acelera el pasaje de fallas menores a colapsos estructurales, multiplicando los costos futuros de rehabilitación”, advierte el informe.

El contraste es todavía más llamativo si se observa el flujo de recursos disponibles. El Impuesto a los Combustibles Líquidos, que se cobra en cada carga de nafta o gasoil, tiene asignación específica para obras viales. Sin embargo, desde la federación denuncian que esos fondos no se están ejecutando, pese a que continúan ingresando a las arcas nacionales.

El ajuste no solo golpea al cemento y al pavimento. También impacta en el capital humano del organismo. En los últimos dos años, más de 800 agentes técnicos y operativos -ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas altamente especializados- fueron despedidos. Y el escenario podría agravarse: otras 900 posiciones estarían en riesgo a través de retiros voluntarios.

Con menos presupuesto, menos personal y rutas cada vez más deterioradas, la red vial nacional quedó atrapada en una lógica de emergencia permanente. El costo del ajuste ya no es una proyección: se mide en kilómetros destruidos, accidentes evitables y un sistema logístico que empieza a crujir.