El Gobierno decidió avanzar sobre uno de los enclaves estratégicos del extremo sur del país. A través de una resolución publicada de madrugada en el Boletín Oficial, la Casa Rosada dispuso la intervención del puerto de Ushuaia por el plazo de un año, luego de detectar “irregularidades financieras”, presuntos desvíos de fondos y un deterioro operativo que, según el diagnóstico oficial, compromete su funcionamiento.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 4/2026 y fue presentada como transitoria. El Ejecutivo aclaró que la intervención se mantendrá hasta tanto las autoridades provinciales corrijan las infracciones detectadas en las inspecciones realizadas durante el último año.

El relevamiento técnico encendió luces rojas. Según el texto oficial, el puerto exhibe un deterioro estructural en áreas clave, deficiencias en la señalización, fallas en los protocolos de seguridad y un incumplimiento de estándares mínimos exigidos a nivel nacional e internacional, tanto en tecnología como en gestión operativa.

Las auditorías también pusieron el foco en la Dirección Portuaria Provincial, a la que se le atribuye la falta de “personal idóneo suficiente” y una gestión que no garantiza condiciones básicas de control. A eso se sumó un dato sensible: un desbalance entre créditos otorgados y una inversión muy limitada en infraestructura.

Desde el Gobierno nacional detallaron que la administración fueguina habría destinado el 33% de su presupuesto portuario a subvenciones, mientras que apenas el 1,3% se orientó a obras y mejoras. “Suponemos que con la intervención van a salir a la luz cosas más finas”, deslizaron fuentes oficiales.

Otro punto que aceleró la decisión fue la reciente sanción de la ley provincial 1596, que crea un fondo para cubrir deudas de la obra social estatal (OSEF) a partir del superávit del puerto. Para la Casa Rosada, esa norma pone en riesgo la autonomía financiera de la terminal y podría afectar inversiones, contratos y la sustentabilidad futura del complejo portuario.

Con la intervención ya en marcha, la administración del puerto quedó en manos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), conducida por Iñaki Arreseygor, que asumirá el control durante 12 meses. Al finalizar ese período, se realizará una nueva inspección para definir si la medida se levanta o se prorroga.

Desde el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos estamos trabajando en todos los planos necesarios para resolver esta situación, con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina.

— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 21, 2026

El Gobierno destacó el valor estratégico del puerto de Ushuaia, al que definió como una pieza clave para la soberanía nacional. “Resulta de suma importancia como puerta de entrada y salida del turismo de cruceros antárticos, además de ser un nodo logístico central para la región”, señalaron en la resolución.

No es un detalle menor: la intervención se da en plena temporada alta, cuando la ciudad recibe un flujo récord de cruceros, buques científicos, pesqueros y embarcaciones de carga. Un momento de máxima actividad que vuelve más sensible cualquier movimiento administrativo.

La reacción del gobierno fueguino fue inmediata. El gobernador Gustavo Melella cuestionó con dureza la decisión y negó de plano las acusaciones. “No hay razón para la intervención; es un acto innecesario e irresponsable”, afirmó, y aseguró que el puerto no presenta problemas de seguridad ni de infraestructura.

“Es una locura que están haciendo y encima en plena temporada de crecimiento… Deben ver un negocio que quieren hacer, otro motivo no hay”, lanzó el mandatario provincial, que también apuntó contra el titular de la ANPyN: “Iñaki tiene muchos amigos y socios acá en la provincia, pero con nosotros no quiere hablar”.

Melella advirtió además que la medida podría derivar en la pérdida de puestos de trabajo y cuestionó la conformación de las nuevas autoridades. “Hicieron pasar una lista de 22 encabezada con gremialistas cercanos a Vías Navegables… Son los nuevos Moyano del kirchnerismo”, disparó.

Pese al conflicto, el gobernador dejó una puerta abierta. A través de la red social X confirmó que mantiene diálogo con el ministro del Interior, Diego Santilli, en busca de una salida que garantice previsibilidad. “El Puerto de Ushuaia opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros”, sostuvo, y remató: “Las principales compañías navieras del mundo lo eligen porque cumple con estándares de excelencia”.

Mientras la Nación habla de desorden financiero y riesgo operativo, la provincia denuncia una avanzada política. El puerto más austral del país quedó así en el centro de una pulseada que mezcla control estatal, recursos, poder y soberanía.