La Secretaría de Transporte se convirtió en el nuevo foco de crisis del Gobierno en las últimas horas, luego de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, resolvió desplazar al ex secretario de Transporte, Luis Pierrini, luego de que saliera a la luz una denuncia por corrupción vinculada al sistema SUBE, que habría generado un daño multimillonario a las arcas públicas.

Aunque el funcionario mendocino intentó presentar su salida como una renuncia por “motivos personales”, la decisión fue política. Caputo lo echó tras conocerse una supuesta estafa atribuida a la empresa de colectivos La Nueva Metropol, del grupo Zbikoski, que habría manipulado datos técnicos del sistema de pago electrónico para inflar el monto de los subsidios.

El cálculo preliminar habla de un perjuicio cercano a los $3.000 millones mensuales durante la gestión de Pierrini.

La medida contó con el respaldo de Karina Milei, una señal de que el caso escaló rápidamente dentro del triángulo de poder libertario. Con Pierrini fuera del mapa, Caputo ahora busca avanzar sobre el control de áreas estratégicas, en especial el sector aerocomercial, donde la inacción oficial frente a la crisis de Flybondi ya resulta difícil de sostener.

Pierrini había llegado al Gobierno de la mano de Juan Pazo, ex titular de ARCA, con quien compartía vínculos en el negocio de los seguros. De hecho, era presidente de Triunfo Seguros, una firma con fuerte presencia en la región de Cuyo. Su perfil técnico nunca estuvo asociado al transporte, un rasgo que ahora se repite en su reemplazo.

El elegido para ocupar la Secretaría fue el arquitecto Fernando Herrmann, un profesional proveniente de la actividad privada, sin antecedentes en el área. La designación refuerza la idea de una estructura con escasa especialización en un sector clave y atravesado por subsidios millonarios.

La denuncia que detonó el escándalo fue presentada por la Asociación Arco Social, que acusó a Caputo y al entonces secretario de Transporte “por presuntas maniobras irregulares en el sistema de subsidios al transporte automotor de pasajeros en el AMBA, que podrían haber provocado un perjuicio multimillonario al Estado nacional”.

Según la presentación judicial, la operatoria consistía en un corrimiento artificial de validaciones en la tarjeta SUBE: viajes cortos eran registrados como trayectos largos. Esa alteración inflaba automáticamente los subsidios percibidos por determinadas empresas, “sin correlato real en pasajeros transportados ni en kilómetros recorridos”.

Alejandro Sebastián Díaz Pascual, integrante de Arco Social, aseguró que en diciembre de 2025 “existieron advertencias técnicas formales presentadas por cámaras empresarias del sector ante la Secretaría de Transporte”, pero subrayó que no se aplicaron “medidas correctivas o de auditoría efectivas”.

El dirigente también apuntó contra la cadena de responsabilidades dentro del Estado y remarcó la “responsabilidad por omisión funcional de las autoridades estatales encargadas de la supervisión, aprobación y ejecución presupuestaria de los subsidios, en particular del Ministerio de Economía”.

La investigación tomó mayor volumen tras una publicación de La Nación. En un artículo firmado por Diego Cabot, se detalló que La Nueva Metropol habría alterado los boletos para simular recorridos más extensos y así cobrar mayores compensaciones del Estado.

Desde la empresa negaron de plano las acusaciones y contraatacaron al señalar al Grupo Dota -que controla cerca del 50% del transporte en el AMBA- como impulsor de la denuncia. Mientras tanto, el escándalo deja una marca incómoda en el corazón del esquema económico del Gobierno y vuelve a poner bajo la lupa un esquema de subsidios opaco y costoso.