Por razones de oportunidad -o directamente por ausencia de garantías- el Gobierno decidió recortar el temario de las sesiones extraordinarias de febrero y dejar en pausa proyectos centrales para su programa. Las iniciativas desplazadas quedarán, en el mejor de los casos, para el inicio del período ordinario, cuando el oficialismo evalúa que el tablero legislativo podría ser más favorable.

La exclusión más notoria es la del Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una iniciativa que había sido incluida en la convocatoria de diciembre. Se trata de la denominada “regla fiscal”, una norma que consagra el déficit cero sin excepciones y que genera resistencias incluso entre aliados dialoguistas.

Según reconstruyeron fuentes parlamentarias, varios bloques manifestaron reparos a un texto que impone un corset al gasto público aun frente a situaciones extraordinarias, como emergencias sanitarias o catástrofes naturales.

La ley, que cuenta con dictamen, había estado a punto de tratarse en Diputados junto al Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal, pero el riesgo de quedarse sin quórum obligó a levantar la sesión y devolver el proyecto a comisión.

El oficialismo deberá ahora esperar, al menos, hasta marzo para intentar reactivarlo. La norma prevé sanciones para funcionarios y directivos de bancos públicos que incurran en gastos considerados excesivos o promuevan mecanismos de emisión monetaria.

En términos políticos, busca cristalizar el axioma libertario de no gastar más de lo que ingresa, una idea que el Gobierno ya aplica de facto desde el inicio de la gestión y que sintetiza en la imagen de la motosierra.

La cuestión es que esta postura no cuenta con el consenso general de la política, ni mucho menos de la sociedad toda. Más allá de la deseabilidad del equilibrio fiscal, los mecanismos para lograrlo constituyen toda una decisión política: mientras se recortan fondos en servicios básicos como salud o educación pública para que cierren los números, se reducen impuestos progresivos como Bienes Personales, afectando la recaudación del Estado y obligando a redoblar el ajuste en servicios públicos.

En el marco de este objetivo, el Ejecutivo -por ejemplo- se resiste a ejecutar leyes de emergencia ya vigentes, como las de pediatría, financiamiento universitario o discapacidad; incluso después de haber sido ratificadas por el Congreso tras los vetos presidenciales.

Otro proyecto que quedó fuera del radar de febrero es la reforma integral del Código Penal, una bandera histórica de Patricia Bullrich. La iniciativa apuntaba a una reescritura casi total de un cuerpo normativo que data de 1921 y que, de prosperar, pasaría de 316 a 920 artículos.

El bullrichismo intentó acelerar el debate a fines del año pasado mediante una comisión bicameral, pero la propuesta no logró tracción. El texto incorpora la imprescriptibilidad de delitos graves como homicidios, abusos sexuales, trata, narcotráfico y delitos de lesa humanidad, además de un endurecimiento general de penas, con foco en corrupción y crimen organizado.

También absorbe varias iniciativas impulsadas por el Ejecutivo en los últimos meses: el nuevo régimen penal juvenil, la ley antimafia, la reiterancia y el juicio en ausencia. A eso se suma un capítulo específico sobre delitos informáticos, que abarca desde estafas digitales y grooming hasta la creación de contenidos sexuales falsos con inteligencia artificial.

La tercera ausencia, quizá la más irritante para la oposición, fue la del DNU 941/2025, con el que el Gobierno busca reconfigurar el sistema de inteligencia y ampliar las facultades de la SIDE. Los bloques opositores pretendían habilitar su tratamiento en febrero para intentar anularlo en ambas cámaras, pero la Casa Rosada decidió dejarlo fuera del temario.

Finalmente, el Ejecutivo acotó la convocatoria a un paquete reducido: reforma laboral, modificación de la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la UE.

La decisión desató críticas inmediatas. “El gobierno de Milei convoca a extraordinarias para tratar la reforma laboral esclavista y la nefasta modificación de la Ley de Glaciares sin incluir el DNU 941/25 que reforma la Ley de Inteligencia”, denunció el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño.

En un mensaje en X, el dirigente del PTS sostuvo que “no existía ninguna urgencia para sacar este decreto entre gallos y medianoche”, sino “solo el objetivo de reforzar el aparato represivo y darle superpoderes a la SIDE para espiar, perseguir y detener a opositores”.

Y advirtió: “Si no se reúne la bicameral de tratamiento legislativo en los plazos correspondientes, hay que impulsar la más amplia movilización”.

Con el menú recortado y las tensiones intactas, el Gobierno apuesta a avanzar donde cree tener margen y a postergar las batallas más complejas. El problema es que, lejos de disiparse, esas discusiones prometen volver con más fuerza cuando el calendario marque marzo.