A la espera de la señal formal del Ejecutivo para convocar a sesiones extraordinarias, en el Senado ya hacen cuentas para retomar la actividad a partir del lunes 2 de febrero.

En la agenda aparecen dos proyectos sensibles: la reforma laboral, con mayor visibilidad política, y la modificación de la Ley de Glaciares, que avanza con menos ruido pero con un respaldo transversal de los gobernadores de provincias mineras.

La iniciativa impulsada por la Casa Rosada propone introducir cambios en la ley 26.639, sancionada en 2010, que establece los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. El argumento central es devolver a las provincias mayor margen de decisión sobre sus territorios, en particular para facilitar acuerdos vinculados a la explotación de minerales estratégicos, como el cobre.

El proyecto ya cuenta con dictamen y plantea una alteración sustancial del esquema vigente. Según el texto, los equipos técnicos provinciales podrán determinar que un glaciar o un ambiente periglacial quede excluido del Inventario Nacional de Glaciares si consideran que no cumple una función de reserva estratégica de agua.

En esos casos, el IANIGLIA, organismo encargado del relevamiento oficial, “deberá eliminarlo” del registro.

El cambio implica un giro respecto de la normativa actual, que prohíbe expresamente actividades como la minería o la exploración hidrocarburífera en zonas incluidas en el inventario. Esa restricción fue motivo de críticas recurrentes por parte de mandatarios como Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y el catamarqueño Raúl Jalil, quienes sostienen que la ley bloquea inversiones clave y obras de infraestructura en regiones con fuerte dependencia de la actividad extractiva.

La legislación vigente también impide la construcción de instalaciones que alteren la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, así como el almacenamiento y manejo de sustancias contaminantes. Precisamente esos límites son los que el Ejecutivo busca flexibilizar, bajo el paraguas de una mayor autonomía provincial.

Pese a las advertencias de ambientalistas e investigadores, que vienen alertando sobre la acelerada pérdida de masa glaciar en la Patagonia y la cordillera, en el oficialismo confían en reunir los 37 votos necesarios para avanzar en el recinto, según pudo saber este medio.

Del lado opositor, el panorama es más difuso. El interbloque peronista podría volver a mostrar las habituales fisuras internas, que se ensanchan cuando entran en juego los intereses económicos de algunas provincias en particular.

Aunque varios senadores calificaron la iniciativa como “un retroceso en materia de protección ambiental”, no está garantizado un rechazo en bloque. Legisladoras como Anabel Fernández Sagasti y Alicia Kirchner expresaron su preocupación por la capacidad real del Estado para controlar la actividad minera.

“Ponen a competir a las provincias en cuanto a la reglamentación y flexibilización de los glaciares. Es una ley que va a terminar en la decisión de un juez y la seguridad jurídica que pregonan no va a ser tal”, advirtió la senadora mendocina durante el debate en comisión.

Los datos técnicos aportan un trasfondo que complejiza la discusión: los glaciares concentran la mayor pérdida de agua dulce en el hemisferio sur. De acuerdo con cifras del IANIGLA, 36 de las 96 cuencas hídricas del país se abastecen de 16.968 glaciares distribuidos en distintas regiones.

En paralelo, el interés económico es evidente. En San Juan avanzan proyectos de cobre como Los Azules, Vicuña y El Pachón, mientras que en Catamarca sobresale Agua Rica. Tanto El Pachón como Agua Rica ya ingresaron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con desembolsos comprometidos por u$s 13.300 millones. El Pachón, en particular, prevé inversiones iniciales por u$s 9.000 millones.

El proyecto Vicuña, que se presentaría este año al RIGI, eleva aún más la apuesta: se estima una inversión total de u$s 15.000 millones. Surgido de la fusión de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en la frontera entre San Juan y Chile, podría convertirse en el mayor emprendimiento de cobre a cielo abierto del mundo.

Con ese telón de fondo, la discusión sobre los glaciares vuelve al centro de la escena legislativa. Entre la promesa de dólares frescos y las alertas ambientales, el Senado se prepara para un debate que, aunque menos ruidoso que otros, puede dejar huellas profundas y duraderas.