Mientras el debate global gira en torno a chips, inteligencia artificial y guerras tecnológicas, Estados Unidos parece decidido a desempolvar el manual clásico del expansionismo territorial. Invasiones, control de rutas estratégicas y apropiación de recursos naturales vuelven al centro de la escena.

El giro no se agotó en países señalados como enemigos -Venezuela fue el primer blanco- sino que ahora alcanza a socios históricos de Washington, como Dinamarca, a partir del renovado interés por Groenlandia.

La pretensión estadounidense sobre la isla no es un capricho reciente. Tras la compra de Alaska a Rusia en 1867, en plena reconstrucción posterior a la Guerra Civil, Washington evaluó seriamente sumar Groenlandia a su mapa. El objetivo era ampliar su influencia en el Ártico y dominar los corredores comerciales del Atlántico Norte.

Un informe impulsado por el entonces secretario de Estado William Seward destacó el valor pesquero, los recursos naturales, las ventajas comerciales y hasta un beneficio político adicional: cercar a Canadá y empujarla a integrarse a la Unión. El proyecto, sin embargo, quedó archivado por falta de interés en el Congreso.

El intento se repitió en 1910, cuando el embajador Maurice Egan propuso intercambiar Filipinas por Groenlandia y las Indias Occidentales Danesas. Tampoco prosperó. Donde sí hubo éxito fue en el Caribe: en 1917, Estados Unidos compró las Islas Vírgenes a Dinamarca por 25 millones de dólares en oro, a cambio de garantizar por escrito la soberanía danesa sobre Groenlandia. El acuerdo reflejaba una preocupación concreta: evitar la presencia de potencias europeas cerca del Canal de Panamá.

La ocupación nazi de Dinamarca en 1940 reconfiguró el asunto. Invocando la Doctrina Monroe, Washington advirtió que una eventual presencia alemana en Groenlandia representaba una amenaza directa. En coordinación con el gobierno danés en el exilio, instaló bases militares y científicas que transformaron a la isla en un nodo clave para la logística aliada, la meteorología y el control de las rutas transatlánticas.

Con la Guerra Fría, Groenlandia pasó de ser un activo estratégico a una pieza central del ajedrez nuclear. En 1946, la administración Truman ofreció 100 millones de dólares en oro por el territorio. Dinamarca volvió a decir no, pero aceptó un acuerdo de defensa que habilitó la presencia militar estadounidense en el marco de la OTAN. Para comienzos de los años cincuenta, Estados Unidos ya operaba siete bases, varias de ellas ubicadas en trayectorias clave ante un eventual ataque soviético.

El punto más extremo fue el Project Iceworm: una base secreta bajo el hielo, presentada como centro de investigación, que buscaba desplegar misiles nucleares en una red subterránea de túneles. Funcionó entre 1959 y 1967 sin que Copenhague estuviera plenamente informada. El avance de los glaciares y, décadas más tarde, el cambio climático terminaron sacando a la luz ese experimento enterrado.

En su apogeo, Washington llegó a contar con unas 50 instalaciones militares y estaciones de radar en la isla. Hoy queda una sola: la Base Espacial Pituffik, con unos 150 efectivos, ubicada en la ruta más corta entre Rusia y Estados Unidos para un eventual lanzamiento de misiles. Su valor estratégico sigue intacto.

El interés del trumpismo por Groenlandia reapareció con fuerza durante el primer mandato de Donald Trump. El deshielo del Ártico, la mayor presencia rusa, el avance de China en acuerdos científicos y comerciales, y el hallazgo de minerales raros esenciales para la industria tecnológica y militar devolvieron a la isla al centro de la agenda. En 2019, Trump lo dijo sin rodeos: comprar Groenlandia sería “un gran acuerdo inmobiliario”. La respuesta fue inmediata: “No está en venta”.

Lo que hoy cambia no es el interés, sino el método. El 3 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro, Trump afirmó que Groenlandia era indispensable para la seguridad nacional y advirtió sobre una isla “azotada por barcos rusos y chinos”. Luego fue más lejos: aseguró que Estados Unidos se haría con el territorio “lo quiera Dinamarca o no” y que, si no había acuerdo, avanzaría “por la vía difícil”.

La amenaza es de una gravedad inédita: implica la posibilidad de un ataque contra el territorio de un miembro de la OTAN por parte de otro Estado miembro. Un escenario que deja al descubierto una falla estructural de la Alianza, cuyo tratado no prevé mecanismos para conflictos armados internos ni contempla la expulsión de uno de sus integrantes.

Ante un choque de ese tipo, la respuesta sería política y diplomática, no militar. Justamente ahí radica el cálculo de Trump: forzar una crisis que erosione la cohesión, la credibilidad y la razón de ser de la OTAN. La disolución del bloque aparece así como una carta más en la ofensiva contra el multilateralismo.

Además, el derecho internacional complica incluso la vía “pacífica”. Groenlandia es un territorio autónomo dentro de la Corona Danesa y no puede ser vendido. Para integrarse a Estados Unidos debería primero independizarse mediante referéndum y luego negociar su incorporación, bajo un esquema de libre asociación similar al de Puerto Rico.

El caso Groenlandia confirma que la doctrina de seguridad nacional de Trump se apoya en una lógica imperial clásica, basada en áreas de influencia y suma cero. Lo novedoso no es la ambición territorial, sino la decisión de llevarla hasta el límite, incluso si eso implica confrontar con aliados históricos para sostener una primacía global cada vez más disputada.