Después de más de dos décadas de idas y vueltas, la Unión Europea logró este viernes un aval político clave para avanzar con el acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Una mayoría cualificada de Estados miembros respaldó el texto en Bruselas, despejando el camino para su firma formal la semana próxima y dejando en minoría a Francia y a otros países reticentes.

Con esa aprobación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quedará habilitada para viajar a Asunción y rubricar el lunes el entendimiento que unirá comercialmente a la UE con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El paso allana la creación del mayor acuerdo de libre comercio jamás negociado por el bloque europeo.

La decisión se tomó en una reunión de embajadores de la UE, donde alcanzó con reunir la mayoría cualificada requerida, aun frente a la oposición explícita de París y el rechazo de países como Irlanda. El respaldo despejó un escenario que venía trabado desde hace semanas y que había frustrado la ratificación en la cumbre del mes pasado.

El tratado pone fin a 25 años de negociaciones intermitentes y apunta a eliminar aranceles y expandir exportaciones en un mercado integrado de unos 780 millones de consumidores. Sin embargo, el camino estuvo lejos de ser lineal: el acuerdo es fuertemente cuestionado por sectores agropecuarios europeos, que temen una avalancha de importaciones desde Sudamérica.

Las tensiones se hicieron visibles en las calles. En la víspera de la votación hubo protestas de agricultores en el centro de París, mientras que el viernes se registraron manifestaciones similares en Polonia. La resistencia rural fue uno de los principales factores que mantuvo en suspenso el acuerdo durante años.

El giro de Italia resultó decisivo. Roma había sido el voto que bloqueó la ratificación en diciembre, pero terminó respaldando la propuesta luego de que la Comisión Europea ofreciera fondos adicionales para el sector agrícola en el próximo presupuesto plurianual. A eso se sumaron nuevas cláusulas de protección para los productores.

Entre las salvaguardas acordadas figura el compromiso de abrir investigaciones que puedan derivar en la suspensión de aranceles preferenciales si se detecta un aumento significativo de importaciones desde el Mercosur o una caída de precios frente al promedio de los últimos tres años. El umbral para activar ese mecanismo se fijó en el 5%, por debajo de propuestas anteriores, tras la presión de países como Italia y Francia y del propio Parlamento Europeo.

Francia, sin embargo, mantuvo su rechazo. El presidente Emmanuel Macron volvió a cuestionar el tratado y sostuvo que “el acuerdo UE-Mercosur es un acuerdo de otra época, negociado durante demasiado tiempo sobre bases que están demasiado obsoletas”, al tiempo que advirtió que no se justifica “exponer sectores agrícolas sensibles y esenciales a riesgos para nuestra soberanía alimentaria”.

Pese a esa postura, el respaldo de potencias como Alemania y España terminó inclinando la balanza. Ambos países defienden el acuerdo como una oportunidad estratégica para ampliar exportaciones y reforzar la presencia europea en América del Sur, en un contexto de creciente influencia china en la región.

El tratado aún debe superar la instancia del Parlamento Europeo, pero el aval político de los Estados miembros marca un punto de inflexión. Según estimaciones de Bloomberg Economics, el acuerdo podría impulsar la economía del Mercosur hasta un 0,7% y la de Europa en torno al 0,1%.

Más allá de las cifras, el entendimiento tiene un peso geopolítico evidente. Para Bruselas, cerrar el pacto significa afianzar su lugar en una región clave para el suministro de materias primas y disputar espacio a China como socio comercial e inversor. Para el Mercosur, en tanto, implica acceder a uno de los mayores mercados del mundo bajo reglas preferenciales, tras un cuarto de siglo de negociaciones que, finalmente, parecen haber llegado a su fin.