El Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el presidente Javier Milei avanzó sobre la estructura y las facultades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) quedó rápidamente bajo sospecha.

A las críticas iniciales se sumaron en las últimas horas pronunciamientos de diputados opositores que, aun con el Parlamento en receso, comenzaron a coordinar una estrategia para dejar sin efecto la medida cuando llegue al recinto.

Se trata del DNU 941/2025, publicado el 2 de enero de 2026, que introduce cambios de fondo en el sistema de inteligencia. En la Cámara de Diputados, sectores del kirchnerismo, la UCR, la Coalición Cívica, el socialismo y bloques federales ya iniciaron contactos informales con un objetivo concreto: alcanzar los 129 votos necesarios para rechazar el decreto.

En esos espacios coinciden en el diagnóstico de que, por la naturaleza de los temas involucrados -que incluyen la reorganización de los organismos de inteligencia-, sostienen que las decisiones deben discutirse en el ámbito legislativo y no a través de un DNU. Además, cuestionan que el decreto avance sobre materias que difícilmente puedan encuadrarse en una situación de urgencia.

Además, también comenzaron a verse movimientos por la vía judicial, donde los diputados nacionales Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón presentaron una acción de amparo para suspender los efectos del decreto, con el pedido expreso de que se declare su inconstitucionalidad y su nulidad absoluta.

Antes de que el tema llegue al recinto, el DNU deberá pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que aún no terminó de conformarse. En diálogo con Tiempo, Ferraro reclamó la urgente integración de ese cuerpo: “Es urgente que se integre la comisión bicameral de trámite legislativo para que se pueda realizar el efectivo control tanto de constitucionalidad como político de este DNU y rechazarlo frente a la evidente violación de los límites que impone nuestra Constitución”.

Para el diputado de la Coalición Cívica, el problema no se agota en la vía elegida por el Ejecutivo. Señaló una serie de aspectos que, a su criterio, encendieron todas las alarmas. Entre ellos, mencionó “la consolidación de un modelo discrecional y poco transparente en la toma de decisiones en el control de las actividades de inteligencia”, que incluye la eliminación del control del Senado en el nombramiento de autoridades y el carácter encubierto de todas las actuaciones de la SIDE, junto con una mayor autonomía presupuestaria.

Ferraro advirtió también sobre una redefinición amplia y difusa de las tareas de contrainteligencia. “Se introduce una ampliación muy preocupante de lo que se considera ‘tareas de contrainteligencia’”, afirmó, y explicó que el alcance se extiende a todo el sector público nacional, donde los titulares de organismos quedarían obligados a implementar este tipo de medidas en sus propias estructuras.

A eso se suma, según el legislador, una injerencia directa del organismo de inteligencia sobre el conjunto del Estado, a partir de la centralización del acceso a bases de datos personales y públicas “a mera solicitud” de la SIDE. Un esquema que, para la oposición, profundiza la opacidad y reduce los controles.

Otro de los puntos más controvertidos es la habilitación para que agentes de inteligencia puedan aprehender personas. Ferraro remarcó que se trata de una ruptura histórica: “La incorporación de la facultad de aprehender personas por parte de agentes de inteligencia cuando históricamente, los organismos de inteligencia tuvieron una prohibición expresa de ejercer tareas represivas, policiales o de investigación judicial”.

El diputado aclaró que el sistema de inteligencia argentino necesita reformas, pero planteó que el camino debería ser otro. Desde su bloque, recordó, impulsan desde hace años iniciativas orientadas a una transformación basada en la transparencia, la defensa de la soberanía nacional y la lucha contra el crimen organizado, en contraposición a la opacidad y al uso político de los servicios.

Como antecedente inmediato, Ferraro recordó que ya hubo modificaciones a la Ley de Inteligencia, como la de 2015, y que este no es el primer DNU de Milei en la materia. En 2024, el Congreso rechazó por primera vez un decreto de necesidad y urgencia, precisamente el que ampliaba en $100.000 millones los fondos reservados de la SIDE. Un año después, el Parlamento también bloqueó otros decretos que buscaban reestructurar organismos como Vialidad Nacional, el INTI y el INTA.

Con ese historial reciente, en la oposición creen que el DNU 941/2025 no tiene el camino despejado. La disputa recién empieza, pero el decreto que pretendía reformar en silencio el sistema de inteligencia ya quedó atrapado en una puja que sin dudas animará la actividad parlamentaria una vez que el Congreso comience a sesionar.