El gobierno porteño volvió a encender la alarma por los fondos de coparticipación que la Nación le adeuda a la Ciudad. Jorge Macri analiza presentar una denuncia ante la Corte Suprema por el presunto incumplimiento de la cautelar que obliga al Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, a transferir mensualmente los recursos recortados de manera unilateral.

Según cálculos oficiales, desde agosto de 2025 el Estado nacional acumuló una deuda cercana a los 430 mil millones de pesos. En la Ciudad sostienen que ya no se trata de simples demoras administrativas. “Semejante suma ya no es un atraso, es un incumplimiento de la cautelar de la Corte”, resumen en el entorno del jefe de Gobierno.

El fallo del máximo tribunal había fijado un mecanismo preciso: el giro diario y automático del 1,55% de la coparticipación a favor del distrito porteño. Ese esquema de “goteo” buscaba evitar discrecionalidades. Sin embargo, con el argumento del déficit fiscal, Caputo resolvió modificar la operatoria y avanzar con transferencias semanales, sujetas a decisión del Tesoro.

Durante los primeros meses, los envíos se realizaron con relativa regularidad. El quiebre llegó después de las elecciones porteñas de mayo. Desde entonces, los pagos comenzaron a espaciarse hasta prácticamente interrumpirse, lo que explica el rojo que se acumuló entre agosto de 2025 y enero de 2026.

Hubo un intento de acercamiento. Semanas atrás, Jorge Macri y Caputo mantuvieron una reunión, pero el encuentro terminó sin avances concretos. La discusión actual corre en paralelo a la causa de fondo: el reclamo por el porcentaje total de coparticipación que la Ciudad perdió durante la gestión de Alberto Fernández y que aún espera una definición definitiva de la Corte.

Mientras ese expediente sigue abierto, el tribunal había optado por una salida intermedia al otorgar la cautelar con un coeficiente menor al reclamado por la Ciudad. Es justamente ese esquema transitorio el que ahora el gobierno porteño acusa a la Nación de no respetar.

A la disputa se suma otro capítulo sensible: la deuda retroactiva, estimada en unos 6.000 millones de dólares. Tampoco allí hubo progresos, pese a que la Ciudad ofreció alternativas como la cesión de terrenos en zonas estratégicas de Liniers y Caballito para amortiguar el pasivo.

En este contexto, la posibilidad de volver a la Corte gana terreno en Parque Patricios, aunque el desenlace es incierto. En tribunales advierten que el máximo órgano judicial evita convertirse en una herramienta de presión política. “A la Corte no le gusta que la política la quiera utilizar como mecanismo de negociación con el Estado”, deslizan fuentes judiciales, que recuerdan además que hasta ahora el tribunal eludió un choque frontal con Javier Milei.

Sin embargo, la subtrama de este asunto es aún más compleja, ya que -según precisaron fuentes judiciales- “hay 19 provincias con reclamos por coparticipación, esto recién empieza”. En el ámbito del Poder Judicial afirman que “son discusiones que debería saldar la política”.

Un dato no menor: cuando la Nación propuso pasar del pago diario al semanal, la Ciudad intentó que la Justicia forzara el cumplimiento estricto del fallo original. No lo logró. En la Corte entendieron que su intervención se agotaba con la promesa de pago del Ejecutivo.

Ahora, con la deuda creciendo y el conflicto sin una salida a la vista, Macri vuelve a barajar entre sus posibilidades acudir al máximo tribunal, que parece querer despegarse del rol de arbitrar los infinitos contratiempos que arrastran las diferentes fuerzas políticas cada vez que les toca articular desde diferentes niveles del Poder Ejecutivo.