Patricia Bullrich volvió a justificar la violencia estatal. Esta vez lo hizo para defender al gendarme Héctor Guerrero, procesado por disparar gas lacrimógeno a quemarropa contra el fotoperiodista Pablo Grillo, que pasó semanas en terapia intensiva peleando por su vida.

En una entrevista con María O’Donnell en Urbana Play, la senadora de La Libertad Avanza desoyó el fallo judicial y se aferró a su propio relato. Aseguró haber visto “todas las pericias” y sostuvo que el disparo fue realizado “de manera correcta”, aun cuando la causa avanza por la brutalidad del ataque. Para Bullrich, el contexto lo explica todo: habló de “hordas”, de violencia y de caos, como si ese marco alcanzara para diluir responsabilidades.

La gravedad de las heridas sufridas por Grillo quedó reducida a un daño colateral. “¿Puede haber consecuencias? Sí”, admitió, sin correrse un centímetro de la lógica que naturaliza que un trabajador de prensa termine al borde de la muerte en nombre del “orden”.

Bullrich fue más allá y convirtió el caso en un costo necesario de su política de seguridad. Según su mirada, la Argentina que no reprimió tuvo “las calles tomadas” durante décadas; la que reprime, en cambio, consigue “orden y paz”, aunque eso implique episodios como el de Grillo.

El doble discurso volvió a quedar expuesto cuando se le recordó su presencia en la manifestación de venezolanos en el Obelisco, donde hubo cortes de calle sin aplicación del protocolo antipiquetes. Primero se desligó: dijo que ya no es ministra. Luego negó lo evidente: aseguró que “no había una persona en la calle”, pese a las imágenes. Y, acorralada, apeló a la excusa final: ella no estaba en Buenos Aires en ese momento.

Entre pericias propias, negaciones y justificaciones, Bullrich volvió a trazar una línea clara: el orden se impone, incluso cuando el precio es la vida de quienes están del otro lado de la mira.