La asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela abrió una nueva etapa de incertidumbre política, atravesada por la presión internacional, después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Caracas por fuerzas estadounidenses. Así lo designó el Tribunal Supremo de Justicia, que declaró la “ausencia forzada” del mandatario y la habilitó a ejercer por un período inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga.

Así, la medida contó con el respaldo explícito de las Fuerzas Armadas y de la Asamblea Nacional, encabezada por Jorge Rodríguez, hermano de la nueva presidenta encargada y una de las figuras clave del oficialismo. Durante una sesión especial del Parlamento, se formalizó el traspaso de poder que inició un nuevo período legislativo con una amplia mayoría chavista: 256 de los 285 diputados presentes pertenecen al bloque oficialista.

Durante el acto, Delcy Rodríguez habló de un escenario “doloroso y excepcional”. Allí, en su primer discurso, se refirió a Maduro y a Flores como “rehenes” de Estados Unidos y calificó su detención como el resultado de una operación militar extranjera. La captura, sostuvo, afecta al liderazgo político y representa una agresión a la soberanía venezolana.

La mandataria provisional, pese a ese tono inicial, mostró un giro discursivo hacia Washington. En medio de las advertencias del presidente Donald Trump, que exige cooperación bajo amenaza de “consecuencias significativas”, dejó abierta la puerta a un canal de diálogo con Estados Unidos, con el objetivo de evitar una escalada mayor del conflicto.

Al mismo tiempo, remarcó que su gestión buscará garantizar la estabilidad institucional y la continuidad del proyecto chavista, en un contexto de alta tensión política y diplomática. También subrayó la responsabilidad histórica de conducir al país en un momento que definió como “crítico”, con impacto tanto interno como regional.