El arranque legislativo de 2026 llega con ruido, entre otras cuestiones, a causa del Decreto de Necesidad y Urgencia que reformula la ley de Inteligencia enviado por el presidente Javier Milei, prácticamente mientras se alzaban las copas brindando por el año nuevo.

Tanto el contenido de la actuación como la forma de ejecutarlo y el timing encendió un contundente rechazo opositor, cuyo amplio arco reclamó llevarlo al Congreso para su rechazo y que sea tratado con carácter de proyecto de Ley, y sus protocolos institucionales. El hecho reactivó un eterno conflicto: quién maneja los tiempos del Congreso cuando el Ejecutivo avanza por decreto.

Mientras el peronismo exige abrir el recinto ya mismo, La Libertad Avanza (LLA) se parapeta en el calendario y mira a febrero como única ventana posible.

En Diputados, el bloque peronista pidió sesiones extraordinarias para frenar el DNU que fortalece a la SIDE y debilita los controles parlamentarios. A ese reclamo se sumó Provincias Unidas, que apuntó directamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para que convoquen a las bicamerales clave: la de Trámite Legislativo y la de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia.

La respuesta libertaria fue seca. Fuentes parlamentarias de LLA sostienen que la oposición “no puede pedir sesión hasta que no se dé la apertura de las ordinarias en marzo”, una interpretación reglamentaria que, en los hechos, le compra tiempo al Ejecutivo y enfría la ofensiva opositora.

En el Senado, el clima es similar. Desde el oficialismo recuerdan el reclamo del jefe del bloque justicialista, José Mayans, por la integración de las comisiones, donde el peronismo denunció un reparto que no respeta la proporcionalidad. “Se tiene que llamar a la sesión preparatoria y eso es el 23 de febrero”, deslizó una fuente mileísta, en respuesta a la presión para activar las bicamerales que controlan los DNU y el sistema de inteligencia.

El reloj, sin embargo, ya corre. Desde la publicación del decreto, la Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días para tratarlo. Cumplido ese plazo, cualquiera de las dos cámaras puede llevar el tema al recinto. En la oposición admiten conversaciones subterráneas para voltear la norma. “Si lo trabajamos bien, podemos. Es con mayoría simple, no con dos tercios”, reconoció un diputado que rechaza la reforma.

Con el Congreso formalmente en receso durante enero, LLA apunta al 2 de febrero como fecha tentativa para activar las sesiones extraordinarias. Pero la agenda sería acotada: reforma laboral y cambios a la ley de Glaciares. Nada más. En el Senado, la reforma laboral quedó en pausa por falta de apoyos, incluso entre aliados ocasionales del oficialismo.

Distinto es el caso de la ley de Glaciares. En el oficialismo la describen como un trámite más aceitado y “mucho menos conflictivo”, con la expectativa de sumar votos de senadores de provincias mineras. Diputados, en tanto, espera que esos proyectos bajen desde la Cámara alta, aunque también asoma la posibilidad de que ingrese por allí una reforma del Código Penal.

El impacto político del DNU de Inteligencia quedó parcialmente eclipsado por la crisis internacional. El ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro coparon la agenda y corrieron el foco del debate local. En ese contexto, el bloque de diputados de LLA presentó un proyecto de declaración para respaldar el accionar estadounidense contra el país con las mayores reservas de petróleo del mundo.

El peronismo respondió con un comunicado conjunto de sus bloques en Diputados y el Senado, en el que repudió la ofensiva de Washington. “Reafirmamos de manera indeclinable que la Argentina debe sostener una política exterior basada en la defensa de la paz, el multilateralismo, el principio de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la protección irrestricta de la soberanía y la integridad territorial de los Estados de la región”, remarcaron.

Así, el año parlamentario comienza atravesado por dos frentes: un DNU que promete batalla institucional y una agenda internacional que se cuela en la grieta doméstica. Con el oficialismo administrando los tiempos y la oposición tanteando números, el Congreso arranca 2026 lejos del consenso y anticipando chispazos.