Lejos de inaugurar una etapa de alivio, el año 2026 inicia consolidando la matriz de ajuste que el Gobierno exhibe como credencial ante el mercado. La “luz al final del túnel” queda otra vez postergada y el calendario abre con una batería de incrementos que impactan de lleno en los presupuestos familiares.

La narrativa oficial sobre una inflación en retroceso sostenido pierde fuerza frente a la dinámica real de los precios. Luego de los brindis y las celebreaciones, enero trajo consigo los ya habituales incrementos en rubros esenciales, que afectan los costos de vivienda, transporte o salud.

El frente inmobiliario vuelve a encender alarmas de las familias. Para los inquilinos que aún conservan contratos firmados bajo la ley derogada, el Índice de Contratos de Locación marca en enero un ajuste anual del 36,39%. El salto corta una racha de desaceleración que llevaba más de un año y confirma que la presión sobre la vivienda sigue intacta, pese a las promesas de autorregulación del mercado.

Las tarifas de servicios públicos aportan otro golpe directo al bolsillo. El nuevo esquema de segmentación avanza con una quita más agresiva de subsidios y un techo más bajo para quienes todavía conservan algún nivel de asistencia estatal. El costo del ordenamiento fiscal se traslada a las facturas.

En electricidad, el incremento del Precio Estabilizado de la Energía del 3,88% se suma a los ajustes de distribución de Edenor y Edesur, que rondan el 2,3%. Cada consumo cotidiano se vuelve más caro.

Moverse tampoco es gratis. En el AMBA, el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad trepa a $619,37, mientras que en la Provincia los recorridos más extensos rozan los $881. El subte, en tanto, ya asciende a una tarifa de $1.259 que duplica la de colectivo, tornándose menos accesible para el uso cotidiano.

A ese cuadro se le agrega la actualización de los combustibles, aplicada de manera casi silenciosa en los surtidores. El aumento impositivo vuelve a empujar los precios y se filtra en toda la cadena de costos, desde el traslado hasta los bienes básicos.

La salud y la conectividad completan el combo. Las prepagas continúan aplicando ajustes mensuales que no dan respiro y las empresas de telecomunicaciones aprovechan la desregulación para imponer subas de hasta el 4,5% en telefonía e internet.

El denominador común es la consolidación de un modelo que prioriza el equilibrio de las cuentas públicas y la rentabilidad empresaria por sobre la capacidad de consumo de la población. Con un IPC presionado por aumentos estructurales, el inicio de 2026 deja una incógnita: cuánto más podrán absorber los hogares argentinos antes de que el ajuste empiece a crujir por todos lados.