Las estadísticas oficiales volvieron a quedar en el centro de la polémica. Un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) puso en cuestión la metodología que utiliza el Indec para medir variables sensibles de la economía y la sociedad, y advirtió que los cambios introducidos en los últimos meses no sólo dificultan la comparación histórica, sino que también alinean los resultados con la narrativa del Gobierno.

Uno de los focos más llamativos aparece en los salarios. Entre la asunción de Javier Milei y mayo de 2025, el ingreso del empleo no registrado exhibe -según datos del propio Indec- una suba real acumulada del 27,2%. Para CEPA, el dato revela un “desacople significativo” respecto del resto de los asalariados y no puede leerse sin tener en cuenta las modificaciones aplicadas a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Desde fines de 2023, la EPH comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales antes subregistrados, como Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas o el Progresar. El problema, subraya el informe, es que el organismo no explicitó cómo impactan estos cambios en la comparabilidad de la serie.

“Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales”, advierte CEPA.

La inflación es otro terreno minado. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) sigue calculándose con una canasta y ponderadores que no reflejan los hábitos actuales de consumo. Tarifas, alquileres y combustibles -los rubros que más presionaron sobre los bolsillos- aparecen subrepresentados.

Con ponderadores actualizados, la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 habría sido del 288,2%, frente al 249,5% que arroja la metodología vigente. Una brecha que, remarca CEPA, incluso fue señalada por el FMI.

Esa distorsión se traslada a la medición de la pobreza. La Canasta Básica Total se construye a partir de una relación entre gastos alimentarios y no alimentarios que, según el informe, minimiza el peso actual de servicios y transporte. Hoy, la Canasta Básica Alimentaria explica el 45% de la CBT, un valor elevado en relación con encuestas previas, justo en un contexto de tarifazos. El resultado: una subestimación del costo real de vivir por encima de la línea de pobreza.

A eso se suma el efecto de los cambios en la EPH sobre los ingresos de los deciles más bajos. “En conjunto, ambas cuestiones afectan la comparabilidad y la confiabilidad de la incidencia de la pobreza, al combinar una canasta de gastos desactualizada con una medición de ingresos metodológicamente no homogénea”, sintetiza el trabajo.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) tampoco salió ileso. En septiembre de 2025, el Indec aplicó ajustes de una magnitud poco habitual, que reescribieron la serie hasta seis meses hacia atrás. La intermediación financiera fue prácticamente el único motor del indicador, mientras industria y construcción mostraban caídas pronunciadas. Aun así, el dato agregado evitó confirmar el ingreso en recesión.

La consultora Equilibra lo expuso sin rodeos: “Los últimos datos de la serie desestacionalizada de actividad sufrieron modificaciones significativas”, que elevaron el nivel de agosto y permitieron mostrar una expansión del 0,5% en el tercer trimestre. Para CEPA, el efecto fue doble: esquivar la palabra “recesión” y dejar servido un arrastre estadístico positivo para 2026.

El informe también señala el peso extraordinario del rubro impuestos netos de subsidios, que explicó buena parte del crecimiento interanual sin ser destacado en el comunicado oficial. En el trimestre julio–septiembre, su incidencia alcanzó un máximo histórico, muy por encima del promedio de las últimas dos décadas.

Por último, CEPA apunta a los cambios en la Encuesta de Turismo Internacional y en la de Ocupación Hotelera, en un contexto de balanza turística negativa y derrumbe del turismo interno. Aunque el Indec invoca estándares internacionales, el informe advierte que la interrupción de servicios asociados al indicador afectará la calidad de los datos. El telón de fondo es tangible: desde el cambio de gobierno se perdieron unas 450 empresas hoteleras y más de 7.000 empleos formales.

El diagnóstico es contundente. Para CEPA, los retoques metodológicos no son neutros: erosionan la confianza en las estadísticas públicas y desdibujan la magnitud de problemas que el Estado debería enfrentar. Cuando los números se acomodan al relato, la realidad queda fuera del cuadro.