El ajuste también llegó a la cima del poder. Luego de dos años de haberes congelados, Javier Milei firmaría este martes el decreto que actualiza los salarios del Presidente, la Vicepresidenta y los principales cargos del Poder Ejecutivo. Si no hay cambios de último momento, la norma se publicará en el Boletín Oficial el 2 de enero y marcará el fin de una anomalía que el propio Gobierno venía pateando.

En Balcarce 50 admiten que la decisión responde a una licuación severa de los ingresos de la planta jerárquica. Calculan que, desde el inicio de la gestión libertaria, los salarios perdieron alrededor del 60% de su poder adquisitivo.

En este sentido, el congelamiento empezó a chocar con la necesidad de sostener equipos técnicos en áreas sensibles, donde la diferencia con el sector privado se volvió difícil de justificar.

La recomposición, aseguran, no tendrá un tratamiento excepcional. En el entorno presidencial subrayan que el incremento no superará el otorgado a los empleados públicos alcanzados por la paritaria nacional del SINEP. “No habrá un esquema diferencial frente al resto”, repiten, conscientes del ruido político que suele generar cualquier mejora en los sueldos de la dirigencia.

Hasta ahora, los números exhibían un desfasaje evidente. El salario bruto del Presidente rondaba los $4 millones, el de los ministros $3,58 millones y el de los subsecretarios cerca de $2,8 millones. La comparación con el Congreso incomodaba: un senador cobra hoy alrededor de $9,5 millones, más del doble que un ministro.

Ese contraste fue uno de los argumentos que circularon puertas adentro. El Ejecutivo sostiene que la falta de actualización complicó el armado de equipos estratégicos, con profesionales que directamente rechazaban asumir cargos por el nivel de ingresos ofrecido. La motosierra, en este caso, empezaba a jugar en contra de la gestión cotidiana.

El texto final del decreto fue trabajado por la mesa chica del poder: Karina Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No es un dato menor. La recomposición se habilita una vez cerrado el calendario electoral de octubre y en línea con el compromiso que Milei había asumido con su gabinete: normalizar la situación salarial a partir de enero de 2026.

El mensaje oficial busca blindarse de críticas. No hay privilegios, dicen, ni excepciones a la regla del ajuste. Pero el gesto es político: incluso en un gobierno que hizo del recorte una bandera, el congelamiento eterno también tiene costos.