El director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Julián Martínez, quedó en el centro de una seria investigación que apunta a presuntas conexiones irregulares con las empresas encargadas de alimentar a los detenidos del penal de Ezeiza, un negocio atravesado por denuncias reiteradas de comida en mal estado.

Luego de que la Justicia federal de Lomas de Zamora ordenara allanar sus despachos y secuestrar sus teléfonos celulares, el caso adquirió relevancia pública y suma testimonios que complican a funcionarios del organismo.

El juez Federico Villena sospecha que Martínez, designado en marzo de 2024 por Patricia Bullrich, habría impulsado un esquema de “cartelización” del servicio de alimentación mediante empresas interpuestas.

En la mira quedó Bio Limp SA, una empresa sin antecedentes en gastronomía que, de manera llamativa, consiguió la renovación de su contrato el mismo día del allanamiento, apenas horas antes de que la Justicia requisara las oficinas del funcionario.

La causa revela un mecanismo difícil de disimular. Bio Limp comparte camiones, equipamiento y personal con Foodrush, la empresa que la precedió en la concesión y que años atrás ya había quedado envuelta en un escándalo sanitario por la entrega de comida en descomposición.

De allí se desprende la hipótesis de que la cúpula del SPF encontró una manera de continuar favoreciendo con las licitaciones a los mismos empresarios que fueron sancionados por el pésimo servicio y ya en el pasado pusieron en riesgo la salud de los internos. 

El conflicto lleva tiempo. Los presos de Ezeiza presentaron un habeas corpus denunciando que los alimentos estaban en mal estado y que muchos optaban por no consumirlos, viéndose obligados a gastar el poco dinero disponible en la cantina.

Las inspecciones de la ANMAT detectaron niveles elevados de Escherichia coli en la comida. El episodio alcanzó su punto más grotesco cuando el propio Villena, en 2024, comió los mismos platos que recibían los internos y terminó con vómitos y diarrea a las pocas horas.

Ese hecho derivó en una condena contra Foodrush y en su exclusión de futuras licitaciones ante el sistema penitenciario. Sin embargo, en el concurso siguiente apareció Bio Limp, una firma dedicada a la limpieza que heredó el servicio.

Las quejas continuaron y el juez abrió una investigación por “envenenamiento”. Los allanamientos posteriores confirmaron coincidencias clave: las patentes de los camiones eran las mismas, los empleados también y se encontraron facturas cruzadas entre ambas empresas por unos 150 millones de pesos.

La hipótesis judicial es directa: ante la imposibilidad de Foodrush de seguir operando, el servicio fue reasignado a una empresa pantalla con la que Martínez también tendría vínculos. El expediente avanzó y derivó en el allanamiento que desató un nuevo escándalo.

El procedimiento estuvo cargado de tensión. Según fuentes del caso, Martínez intentó esquivar el secuestro de su teléfono personal. Primero entregó un aparato viejo, fuera de uso. Luego aseguró haber “extraviado” el celular que utiliza habitualmente esa misma mañana. Un informe técnico, sin embargo, detectó que el dispositivo registró actividad una hora antes del allanamiento, con señal en el barrio porteño de Barracas, cerca del estadio de Huracán.

La situación habilitó sospechas de una filtración previa de los procedimientos y de la posible destrucción del teléfono para borrar pruebas. La escena se volvió aún más opaca cuando trascendió que Martínez habría llegado a su despacho en una camioneta vinculada a Enrique “Quique” Antequera, uno de los denominados “reyes” de La Salada, actualmente prófugo.

Martínez asumió la conducción del SPF en marzo del año pasado, en plena reconfiguración del área, cuando el organismo pasó de depender de Justicia a la órbita de Seguridad. Su nombre quedó asociado desde entonces a la gestión de Bullrich. Hoy, ese respaldo político convive con una investigación que amenaza con escalar.

Aunque la fiscal Cecilia Incardona pidió la nulidad del operativo, Villena avanzó con el aval de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien expresó su disposición a colaborar. El juez habla de “mafias enquistadas desde hace muchos años” en el sistema penitenciario. El caso Martínez parece haber corrido el velo de una de ellas.