La excarcelación de Eduardo Kalinec tuvo efecto inmediato en el universo que reclama el fin de las condenas por crímenes de lesa humanidad. Horas después de que el excomisario de la Policía Federal dejara la cárcel de Ezeiza, la referente del negacionismo Cecilia Pando difundió un mensaje navideño en el que volvió a exigirle al Gobierno que avance en la liberación de los represores detenidos y cuestionó, una vez más, los juicios por delitos cometidos durante la última dictadura.

Desde la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), Pando apeló a un lenguaje religioso para encubrir un reclamo político. En su mensaje pidió que las autoridades tengan “sabiduría y coraje” para revertir lo que calificó como una “flagrante injusticia” y sostuvo que quienes están presos lo están por haber “combatido al terrorismo” en los años setenta, una narrativa que desconoce el carácter sistemático del terrorismo de Estado.

El pronunciamiento se inscribe en una ofensiva más amplia de sectores vinculados a la llamada “familia militar”, que aprovechan el cambio de clima político para volver a instalar pedidos de indultos, amnistías o beneficios carcelarios. Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el número de condenados alojados en cárceles comunes es hoy mínimo y continúa en descenso.

En paralelo al mensaje de Pando, otras organizaciones negacionistas que reivindican la “memoria completa” difundieron un comunicado navideño en respaldo a los represores presos. A diferencia de la presidenta de la AFyAPPA, estos espacios mantienen vínculos más fluidos con el Gobierno y evitan cuestionamientos directos a la administración libertaria.

La estrategia parece apuntar a avances puntuales dentro del sistema judicial, como ocurrió con Kalinec. Su excarcelación fue avalada tras un informe favorable del Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad, que destacó su conducta carcelaria. Organismos de derechos humanos advirtieron que este tipo de resoluciones aceleran una “caída histórica” en la cantidad de represores detenidos.

Por ahora, la Justicia puso un límite. En las últimas horas, el Tribunal Oral Federal 5 rechazó los pedidos de libertad de Antonio Pernías y Ricardo Cavallo, condenados a prisión perpetua por crímenes en la ESMA, que seguirán detenidos en Campo de Mayo.