Cuando en julio del año pasado se reveló que el Banco Central había sacado del país buena parte de sus reservas en oro en un operativo sigiloso, el Gobierno eligió el silencio. Ahora, el silencio se transformó en una admisión formal: no hay contratos, no hay informes jurídicos y no hay documentación que respalde el envío de los lingotes al exterior.

La escena original fue tan opaca como llamativa: en plena madrugada, el BCRA cargó en un avión comercial lingotes de oro valuados en unos USD 5.000 millones. No hubo registros públicos, ni expedientes administrativos, ni constancias contractuales.

Cuando la situación adquirió dominio público y se le consultó a a fuentes oficiales, respondieron que se trata de una operativa usual e incluso defendieron la salida de estos activos, justificando que el país ganaba intereses por mantener el oro fuera.

Ahora, la situación vuelve a espesarse para el oficialismo, justo en horas donde se discute el Presupuesto 2026 en el Congreso, para administrar -por primera vez desde la llegada al poder- con una ley de leyes aprobadas.

 Ante la Auditoría General de la Nación, el propio Banco Central reconoció que “los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen”, por lo cual tampoco se elaboraron dictámenes legales ni informes.

Esa admisión dejó sin piso cualquier intento de control. Sin papeles, no hay auditoría posible. Una operatoria valuada en USD 4.981 millones quedó, en los hechos, fuera de todo circuito de revisión. Como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran perdido en el camino.

Las irregularidades administrativas respecto a la salida de activos de reserva estratégicos del país derivan en una pérdida de trazabilidad que allana el camino hacia la presunción de un delito por parte de funcionarios publicos. No se trata de un error contable ni de una omisión menor: sin respaldo contractual, la responsabilidad deja de ser institucional y pasa a ser personal.

El caso escaló al plano judicial y el margen para seguir esquivando respuestas se achicó. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central entregar información precisa y cuestionó de manera explícita la estrategia oficial. Señaló que las excepciones al acceso a la información pública no pueden quedar libradas a la voluntad del funcionario de turno y que, si el Estado invoca confidencialidad, debe demostrar un daño concreto. No alcanza con alegar riesgos genéricos.

En paralelo, la Auditoría quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de la tarea de control, una vez que asuman los nuevos auditores. El expediente, hasta ahora encapsulado, empezó a abrirse.

El contexto internacional vuelve todo aún más delicado. El oro cotiza cerca de los USD 4.400 la onza, un máximo histórico. Ese salto de precios funciona como un salvavidas contable para un Banco Central con las reservas líquidas hundidas. Según estimaciones privadas, las reservas netas reales rondarían los USD 18.000 millones negativos. Sin el efecto precio del oro, el rojo sería todavía mayor.

La paradoja es evidente: los lingotes computan como reservas, pero nadie explica dónde están. No se sabe si permanecen en Londres, en Basilea, si generan algún rendimiento o si fueron entregados como garantía para obtener dólares frescos. El activo existe en los balances, pero no en la información pública.

Carlos Rodríguez, uno de los economistas que diseñó el programa económico de Javier Milei durante la campaña y que quedó marginado al inicio del gobierno, calificó el episodio como “simplemente insólito”.

Advirtió que el oro podría haber sido utilizado como colateral de un préstamo en dólares ya consumido y reclamó conocer la ubicación exacta de todos los activos y pasivos del Banco Central.

Además de preguntar por los lingotes, Rodríguez pidió precisiones sobre los dólares físicos correspondientes a los encajes bancarios y exigió la publicación de la serie semanal de reservas internacionales netas según la metodología del FMI.

Las sospechas del mercado se suman al cuadro. Ya circula la hipótesis de que el pago de un vencimiento de Bopreal por USD 1.000 millones se haya financiado con depósitos del sistema. Con reservas netas en terreno profundamente negativo, la única fuente líquida disponible serían los encajes bancarios. El resto -swap con China y créditos del Fondo- no se puede tocar.

El misterio del oro volvió a la discusión pública y pasó a ser un problema político y judicial, mientras el Gobierno surfea uno de sus habituales ciclos de incertidumbre financiera. Mientras busca resolver con qué fondos cumplirá con los vencimientos de deuda que le esperan en enero, también deberá afrontar una investigación por las maniobras con una importante parte de las reservas estratégicas.