El ministro pasó del amague del veto a exigir la aprobación inmediata del Presupuesto tal como salió de Diputados. Detrás del giro hay una urgencia concreta: no consiguió los dólares para enfrentar los vencimientos de enero y necesita flexibilizar por ley las reglas para canjear deuda.

El volantazo de Luis “Toto” Caputo no fue ideológico ni táctico: fue financiero. Después de una semana de ruido político, el ministro de Economía abandonó la presión por vetar el Presupuesto 2026 y pasó a reclamar que se lo sancione de inmediato, sin cambios.

La razón es menos épica que urgente: no logró reunir los USD 4.700 millones necesarios para afrontar los pagos de deuda de enero.

Las promesas de fondeo externo -los supuestos USD 7.000 millones garantizados por bancos internacionales, más la activación de swaps con China o Estados Unidos- quedaron en el terreno de rumores y habladurías.

Sin ese colchón, Caputo activó un plan de contingencia junto al flamante secretario de Finanzas, Alejandro Lew: avanzar a toda velocidad con un canje que cubra al menos la mitad de los vencimientos, ofreciendo a cambio una suba significativa de la tasa y una extensión de plazos.

El problema es que ese esquema hoy choca contra una barrera legal. La llamada “ley Guzmán” fijó un triple candado para evitar reestructuraciones perjudiciales: si se canjea deuda, hay que mejorar al menos dos de tres variables -monto, tasa o plazo-. Caputo pretende hacer exactamente lo contrario: mejorar una sola condición y no para el Estado, sino para los acreedores. Pagar más intereses ahora para postergar el pago después.

Ese mecanismo explica buena parte de la historia reciente de la deuda argentina: correr los vencimientos hacia adelante a costa de inflar la obligación total. Para hacerlo posible, el Gobierno necesita desactivar el candado legal.

Ahí entra en juego el artículo 56 del Presupuesto vigente, redactado con una ambigüedad calculada, que desarma las restricciones impuestas por Guzmán. De ahí la urgencia oficial por sancionar la ley tal como está.

Caputo ya negocia con los tenedores y necesita mostrarles que el obstáculo normativo desaparece. Como si fuera poco, el equipo económico trabaja en paralelo con abogados para diseñar la emisión de nuevos bonos sin quedar expuestos a embargos derivados del juicio por YPF. Nada es lineal en el frente financiero argentino.

La paradoja es que el propio Caputo fue quien dinamitó el trámite legislativo. Su idea de colar en el Presupuesto un artículo que anulaba las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad terminó haciendo estallar el Capítulo 11 completo, que incluía otros ajustes sensibles. Diego Santilli y los Menem sabían que esa jugada rompía los acuerdos con los gobernadores del Norte, pero no se animaron a contradecir al ministro. El resultado fue previsible.

En la madrugada posterior, el oficialismo intentó salvar la jugada con un reparto apresurado de cargos en la Auditoría General de la Nación. El “enjuague” no sólo fracasó, sino que terminó de romper los puentes con el PRO y la UCR. El Gobierno quedó a tres votos de sostener el capítulo clave, pero no llegó. Tras dos años de promesas incumplidas, los gobernadores ahora piden garantías antes de acompañar. Pago contado, en términos políticos.

Después del traspié, Caputo redobló la presión sobre Patricia Bullrich para que reincorporara la baja de las leyes de universidades y discapacidad en el dictamen del Senado.

Insistió hasta el viernes, aun cuando ya le advertían que eso implicaba otra derrota y obligaba a devolver el proyecto a Diputados. Recién entonces aceptó que necesitaba el Presupuesto aprobado cuanto antes por una razón muy concreta: la deuda. “Caputo no entiende de política”, se sinceró un diputado libertario.

El trasfondo expone un problema mayor que el ministro. La falta de conducción política de Javier Milei -o el temor, suyo y de su hermana, a ponerle límites al titular de Economía- deja al Gobierno atrapado en decisiones erráticas que combinan audacia financiera con torpeza parlamentaria.

En ese clima, en la cúpula de la Casa Rosada ya circula una nueva idea: una vez aprobado el Presupuesto, Milei podría firmar un decreto para anular las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad.

Sería un nuevo movimiento del oficialismo que llevaría los asuntos legislativos a los límites institucionales, insertando especulaciones en torno a las negociaciones posteriores para evitar un rechazo al decreto.