REFORMA LABORAL
El gobierno esperó hasta último momento para abrir el juego. La reforma laboral que Javier Milei envió al Senado, postergada para estirar la negociación política, terminó convirtiéndose en un compendio de las peores versiones anteriores. En nombre de la “modernización”, el texto desconoce pilares históricos del derecho del trabajo, reinstala lógicas previas al siglo XX y habilita un escenario donde el empleador gana discrecionalidad en cada rincón de la relación laboral.
Son 191 artículos en los que la narrativa oficial de búsqueda de eficiencia se diluye detrás de un objetivo más concreto: reducir costos empresariales, ampliar la desprotección del eslabón más débil y desactivar los mecanismos de reclamo.
Lejos de generar empleo o formalizar a quienes hoy trabajan por fuera del sistema, el proyecto profundiza la fragilidad laboral. La coincidencia entre especialistas es unánime: “Invierte la presunción de laborabilidad”, perjudicando tanto a monotributistas como a trabajadores mal encuadrados.
La reforma lleva la firma de Milei desde la mañana del jueves y consagra uno de los retrocesos más profundos desde 1983. A los aspectos más regresivos de iniciativas previas les suma un gesto directo al ecosistema de plataformas: la posibilidad de pagar salarios en billeteras virtuales, un guiño que en el sector leen como un beneficio explícito para Marcos Galperin.
Las remuneraciones podrán entregarse en pesos, en moneda extranjera o en especie, como si se tratara de un mercado de trueque sin límites claros para el empleador.
“Son tres reformas en una: una transferencia multimillonaria del trabajo al capital; un debilitamiento de la acción colectiva; y un refuerzo de la disciplina laboral en los lugares de trabajo”, señaló en X el investigador laboral Luis Campos. Página/12 relevó la mirada de especialistas para dimensionar el impacto cotidiano de la iniciativa.
El proyecto institucionaliza los bancos de horas, que permiten estirar la jornada hasta 12 horas sin generar costo por extra. La lógica histórica de la jornada de ocho horas, conquistada luego de huelgas sangrientas y vigente en Argentina desde hace casi un siglo, queda reducida a un recuerdo. Mientras en el mundo desarrollado el debate avanza hacia jornadas más cortas, el país retrocede a esquemas previos a la Ley 11.544.
La base de cálculo indemnizatoria se achica al excluir aguinaldo, vacaciones, premios y propinas. Las pymes, además, podrán pagar en cuotas. En un contexto de caída del empleo formal -276 mil puestos menos- y cierre de unas 19 mil empresas, la reforma traslada a cada trabajador los costos del reclamo judicial. El mensaje es claro: despedir será más barato.
El proyecto reemplaza -además- el fondo de cese por un Fondo de Asistencia Laboral, financiado por todos los empleadores con un aporte del 3 por ciento de la masa salarial, compensado por una reducción equivalente en las contribuciones a la seguridad social.
En la práctica, el Estado resigna recursos previsionales para cubrir despidos privados. “A los empresarios les va a salir gratis despedir mientras se desfinancia la seguridad social”, sintetizó la abogada laboralista Natalia Salvo. El laboralista Juan Manuel Ottaviano advirtió además que la rebaja en las contribuciones a las obras sociales pone en riesgo la salud de los trabajadores y la sustentabilidad del sistema jubilatorio.
[Un proyecto que atrasa: vacaciones flexibles, convenios colectivos débiles y restricciones en el derecho a huelga]
La iniciativa permite fraccionar las vacaciones en segmentos de siete días y habilita al empleador a asignarlas en cualquier momento del año. El descanso de verano se transforma en una excepción utilizable solo una vez cada tres años. El resto del tiempo, el empleador decide. La medida afecta la organización familiar, distorsiona el calendario escolar y vacía la función reparadora del período vacacional.
Uno de los núcleos más sensibles es la inversión de la presunción de laboralidad . El trabajo con factura pasará a interpretarse como locación de servicios, lo que deja a miles de trabajadores sin herramientas para denunciar fraude o vínculos encubiertos. El capítulo de plataformas profundiza el modelo: en lugar de incorporarlas a la Ley de Contrato de Trabajo, consolida el esquema de cuentapropismo y no avanza en ningún derecho básico.
Las restricciones al derecho de huelga se amplían a partir de una definición más vasta de servicios esenciales, que deberán garantizar el 75 por ciento de la actividad. Además surge la categoría nueva de “servicios de importancia trascendental” que abarca casi todo lo demás, desde gastronomía hasta medios de comunicación.
“El proyecto lleva al extremo un criterio que solo debería aplicarse a áreas críticas como una terapia intensiva o una central nuclear”, explicó Campos. Para gremialistas consultados, esto abre la puerta a un aluvión judicial.
La negociación colectiva también sufre un recorte: se habilita que acuerdos por empresa prevalezcan sobre el convenio general, se elimina la ultractividad y se restringe la afiliación. La cuota solidaria queda supeditada a una autorización expresa y las empresas ya no están obligadas a retenerla. El gobierno quiso instalar un guiño a la CGT, pero los abogados laborales coinciden en que la iniciativa es “profundamente antiderechos, antisindical y antiestado”.
La reforma de Milei no solo permite jornadas medievales y recorta ítems que integran el salario: también desconoce los avances globales sobre el trabajo en plataformas. Mientras Europa consolida el reconocimiento de la relación de dependencia, Argentina se acerca a un limbo jurídico que deja a los trabajadores librados a su suerte.
Con un mercado laboral atravesado por un 43 por ciento de informalidad, la iniciativa empuja al país hacia un modelo donde la ley queda subordinada a la voluntad del más fuerte. Un esquema que no genera empleo, no formaliza y no protege: simplemente redistribuye poder hacia arriba. Y abre, sin matices, un camino de regreso a una Argentina sin resguardo.
