La inesperada -e inexplicada- caída de los préstamos anunciados meses atrás en la fiebre del respaldo del Tesoro de Estados Unidos al Gobierno nacional puso al equipo económico en un nuevo aprieto, y el campo tomó nota.

A pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó enviar una señal de camaradería al complejo agropecuario al reducir la alícuota de los derechos de exportación el martes pasado, la iniciativa no parece haber surtido efecto y desde el sector se resisten a exportar unos 7 mil millones de dólares de la campaña 2024/2025.

Con el diario del lunes, ya con el dato de la poco exitosa licitación de bonos para rollear vencimientos de deuda, el gesto simpático podría leerse más como un manotazo de ahogado para recaudar dólares.

El volumen es significativo: según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), quedan sin liquidar 27,16 millones de toneladas entre soja y maíz, a las que se suman 18,6 millones de trigo de la campaña 2025/26.

Traducido en dólares FAS (al precio del puerto), esos stocks equivalen a unos USD 7.084 millones entre maíz y soja, más otros USD 3.000 millones del trigo. Una montaña de divisas que el Gobierno pretende activar antes del vencimiento de deuda de enero, cuando el margen para evitar un default se vuelve estrecho. El problema: el propio sector anticipó que liquidará “solo lo necesario” para cubrir obligaciones y costos fijos.

La señal se repite. En septiembre, Caputo había abierto una ventana de “retenciones cero” que permitió al agroexportador liquidar USD 7.000 millones sin tributar derechos. Ahora busca repetir el efecto, consciente de que los granos están, pero no se traducen a divisas. Y la urgencia fiscal aprieta: la rebaja implica un agujero recaudatorio de USD 511 millones en 2026.

Pese al incentivo, las cerealeras no cambiaron su postura. Consultadas por LPO, fuentes del sector confirmaron que la liquidación seguirá siendo quirúrgica, a la espera de que el ministro vuelva a llevar las retenciones a cero como premio para soltar la cosecha. “Van a sentarse sobre los granos”, sintetizan en la industria, replicando el comportamiento exitoso que ya obtuvieron semanas atrás.

La nueva escala impositiva deja la soja en 24% (antes 26%) y reduce los derivados del complejo sojero de 24,5% a 22,5%. Trigo y cebada caen de 9,5% a 7,5%, mientras que maíz y sorgo bajan de 9,5% a 8,5%. El girasol pasa de 5,5% a 4,5%. Una poda transversal que busca mover el mercado interno, pero que -luego del incentivo de hace tan solo unos meses- difícilmente persuada a los exportadores.

La BCR calcula que aún restan comercializarse 4,6 millones de toneladas de soja adicionales y que unas 12,5 millones todavía no tienen precio fijado. En términos relativos, casi un cuarto de la cosecha está sin valor firme, un porcentaje menor al de la campaña previa, pero igualmente relevante en un año de alta presión fiscal.

Sobre el impacto en la recaudación, el informe de la Bolsa subraya que la merma del 10% respecto al esquema previo convive con una paradoja: en valores absolutos, los ingresos proyectados por retenciones para 2025 y 2026 se mantienen prácticamente estables (USD 4.805 millones y USD 4.809 millones respectivamente).

La explicación está en la improvisada ventana de “retenciones cero” de septiembre, que permitió exportar sin tributar casi 20 millones de toneladas, un 20% del total enviado al exterior este año.

“De esas 20, casi 14 Mt fueron del complejo soja, gravado por alícuotas superiores, que de haber tributado hubieran elevado fuertemente la recaudación”, recordó la BCR en su análisis. En otras palabras: Caputo paga hoy la factura de aquella flexibilización que alivió al sector, pero redujo los ingresos del Estado.

La apuesta del ministro es clara: bajar impuestos para conseguir dólares rápidos y esquivar sobresaltos financieros. La respuesta del agro también: esperar, presionar y hacer valer la tenencia de granos como herramienta de negociación. En el medio, el Estado resigna recursos y el mercado sabe que, por ahora, la pulseada está lejos de resolverse.