La paciencia se agotó en Azopardo. Tras semanas de señales ambiguas desde el Gobierno y promesas que nunca cristalizaron, la CGT decidió activar un plan de acción sindical que incluye movilizaciones, paralización de actividades y la posibilidad concreta de un paro general en los próximos meses.

“Si la reforma laboral sale así, vamos a la Justicia de inmediato”, confirmaron fuentes de la conducción, reflejando el clima de ruptura que domina a la central obrera.

Aunque la CGT comenzó la gestión libertaria con perfil opositor, en los últimos meses había intentado abrir canales de diálogo. La debilidad del peronismo y las internas interminables del justicialismo empujaron a los gremios a tender puentes con la Casa Rosada, sobre todo después de que sondeos internos mostraran que Javier Milei conservaba niveles altos de respaldo social pese al ajuste.

Ese giro quedó simbolizado en Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA, quien aceptó integrar el Consejo de Mayo y llevó al gobierno propuestas para amortiguar el impacto de la reforma laboral. La expectativa gremial era negociar condiciones mínimas, especialmente en torno al financiamiento sindical y a la preservación del derecho a huelga.

Sin embargo, la presentación del decálogo elaborado por la mesa multisectorial terminó detonando la tregua. La Casa Rosada insistió en avanzar con la eliminación de las cuotas solidarias, un golpe directo a la estructura económica de los sindicatos. Fue la señal definitiva de que los entendimientos previos habían quedado en nada.

En Azopardo no disimulan la bronca. “En off le venden a la prensa una cosa y a nosotros otra”, lanzó un histórico dirigente, sintetizando la sensación de engaño que permea entre los pasillos de la central obrera.

Las críticas tuvieron destinatarios concretos: “Adorni y Santilli dicen que tienen llegada al presidente pero ninguno de los pedidos razonables que les hicimos tuvo una resolución. O nos toman por boludos, o mienten con su influencia sobre Milei”, disparó otro referente de peso.

Aun así, en la CGT diferencian nombres. Santiago Caputo, asesor presidencial y articulador clave del oficialismo, quedó al margen de los cuestionamientos. Con vínculos históricos con Hugo Moyano y otros dirigentes, conserva un canal directo que el sindicalismo todavía percibe como útil.

En la Rosada, admiten que Caputo es uno de los pocos interlocutores que habla de “los muchachos” sin tono peyorativo, un detalle que no pasa desapercibido en ese ecosistema.

Pero la tensión escaló a otro nivel cuando los gremios pusieron sobre la mesa su arma más pesada: la posibilidad de paralizar Vaca Muerta. El sector petrolero, clave para la balanza energética y el ingreso de divisas, aparece ahora como parte del tablero de presión. La advertencia incluye, además, la habilitación de movilizaciones y paros sectoriales a discreción de cada organización, y la eventual convocatoria a una medida nacional de fuerza.

En paralelo, la CGT movió fichas en el terreno político. La semana pasada, lejos del radar público, los principales dirigentes se reunieron en la Casa de Chubut con los gobernadores Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres. Estaba prevista también la presencia de Martín Llaryora, quien canceló a último momento. Allí, los sindicalistas transmitieron su preocupación por el avance del proyecto laboral y encontraron una escucha atenta de los mandatarios.

Los encuentros seguirán con Axel Kicillof y Gerardo Zamora, además de los contactos ya realizados con Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, todos ellos predispuestos a respaldar a la CGT en su resistencia al texto oficialista.

El objetivo es claro: impedir que el Senado convalide una reforma que consideran devastadora. En Diputados, dan por hecho que el Gobierno logrará los votos; en la Cámara Alta, creen que tienen margen para impedirlo si logran coordinarse con las provincias.

La tensión quedó a la vista en el cierre del Consejo de Mayo. Allí, Adorni aseguró que Gerardo Martínez no había llegado “por un retraso en el vuelo de vuelta de Washington”. Pero en el entorno del líder de la UOCRA admitieron que la ausencia formó parte del inicio del plan de acción, un mensaje claro de que la etapa del diálogo liviano terminó.

La CGT ya está en estado de alerta y movilización. El Gobierno, por ahora, insiste con avanzar sin cambios. El riesgo es evidente: diciembre promete ser más áspero de lo que el oficialismo imaginaba, y la paz social que intentaba anunciar podría desvanecerse mucho antes del brindis de fin de año.